París, 27 ene (EFE).- El fiscal del juicio contra un exsenador acusado de haber drogado a una diputada para intentar abusar sexualmente de ella pidió este miércoles una pena de cuatro años de cárcel, tres de ellos en firme y con ejecución provisional, así como su inhabilitación para ocupar un cargo público durante cinco años.
En la última jornada del juicio, que comenzó la víspera, el representante del Ministerio Público solicitó además al Tribunal Correccional de París que el cuarto año de pena exento de cumplimiento vaya acompañado de libertad condicional durante dos años.
Y además, con la obligación de seguir un tratamiento, la prohibición de entrar en contacto con la diputada, la obligación de indemnizar a la víctima y su inscripción en el fichero de delincuentes sexuales (FIJAIS).
Este asunto juzgado ahora que remonta a finales de 2023 y puso el foco por primera vez en Francia en el fenómeno de la sumisión química en agresiones sexuales, algo que un año más tarde traspasaría las fronteras con el caso de Gisèle Pelicot, drogada durante años con ansiolíticos por su marido, que la violaba y ofrecía a decenas de desconocidos captados por internet.
Los hechos juzgados este martes y miércoles por el Tribunal Correccional de París se refieren al 14 de noviembre de 2023, cuando el entonces senador Joël Guerriau (68 años) del partido de centroderecha Horizons, invitó a la diputada de la formación centrista Modem Sandrine Josso (50 años) a su casa a cenar para festejar que había sido reelegido, y la habría drogado con el fin de agredirla sexualmente.
«La verdad es que envenenó intencionalmente a la señora Josso con fines sexuales», afirmó hoy el fiscal Benjamin Coulon, cuya requisitoria, de ser seguida por el tribunal, llevaría a prisión en pocos días al exsenador aunque apelase la sentencia al haber pedido la ejecución provisional de la condena.
Para Coulon es «evidente» que Guerriau es culpable del delito de «administrar a una persona, sin su conocimiento, una sustancia que puede afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual», lo que se castiga con una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.
La diputada mantuvo que el acusado le ofreció una copa de champán, en la que apreció un sabor extraño y que le produjo mareos, palpitaciones y nauseas, lo que acompañado de un comportamiento inhabitual del acusado llevó a Josso a irse precipitadamente.
Presa del pánico, logró llamar a un taxi e ir a un hospital para someterse rápidamente a un análisis de sangre, que reveló una concentración muy alta de éxtasis (MDMA), una droga euforizante. El presidente del tribunal precisó que su tasa en sangre duplicaba la usada normalmente con un fin «recreativo».
Guerriau negó haber drogado a Josso para agredirla y afirmó que fue un «acto involuntario» de su parte. Explicó que en aquella etapa atravesaba un momento de depresión y gran estrés por su décima campaña electoral y que otro senador, al que no identificó, le facilitó una bolsita que contenía un polvo indeterminado que creyó que era simplemente euforizante.
Ese polvo, dijo, estaba en la copa que por error usó para servirle champán a su antigua amiga, a la que pidió perdón.
En el tribunal, la diputada relató una noche de pesadilla, cuyas secuelas, según ella, aún sufre. Enumeró numerosos problemas de salud: hipervigilancia, trastornos del sueño y agotamiento, además de ciática recurrente, hernia discal y cuatro dientes perdidos debido a la tensión constante.
El abogado del que fuera senador hasta el pasado octubre estimó que ningún elemento permite «probar» que su cliente puso voluntariamente la droga en la copa de la diputada y denunció lo que consideró como un «clamor mediático» de presentar este juicio como «la versión parlamentaria» de las violaciones del caso Pelicot.
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