El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público iniciará una «investigación preliminar» al diputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, quien se autoproclamó como «presidente encargado» el pasado 23 de enero.
#AHORA Fiscal General @TarekWiliamSaabinforma sobre escrito introducido ante el TSJ solicitando medidas cautelares contra diputado Juan Guaidó #29Enepic.twitter.com/D6EYU1tqsd
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 29 de enero de 2019
En este sentido, William Saab informó que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que imponga a Guaidó las siguientes medidas cautelares:
- Prohibir su salida del país.
- Enajenar y gravar sus bienes muebles e inmuebles.
- Bloquear sus cuentas bancarias.
El titular del Ministerio Público explicó que, a partir del 22 de enero, se suscitaron hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de Venezuela en el exterior, «lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional».
El jurista expuso que estas medidas cautelares «tienen basamento legal y constitucional» para desarrollar una investigación y «recabar elementos que permitan detener estos actos que han dañado la paz».
Este martes, el departamento de Estado de EE.UU. certificó la autoridad de Guaidó para «recibir y controlar ciertos activos» del país suramericano en los bancos del territorio estadounidense. Previamente, el autoproclamado «presidente encargado» había ordenado la toma «progresiva y ordenada» de los activos de Venezuela en el exterior.
Estas medidas se unen a las sanciones, anunciadas el pasado lunes por Washington, contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), del congelamiento de unos 7.000 millones de dólares en activos de esa compañía estatal venezolana, además de una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.
Petición previa del Tribunal Supremo
Recientemente, el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, pidió al Ministerio Público «determinar las responsabilidades» de los miembros de la AN en desacato debido a que existe una «objetiva materialización de conductas delictivas» por parte de la directiva del Parlamento –que promovió un acuerdo para declarar la «usurpación» de la presidencia por parte de Maduro– que, según la mencionada sala, «violentan la Constitución».
Aduciendo una «falta absoluta» y «usurpación del cargo» por parte de Nicolás Maduro –elegido en elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo con el 67,8% del total de los votos–, Guaidó se autoproclamó como «encargado del Ejecutivo». Inmediatamente fue reconocido por EE.UU. y por la mayoría de los países miembros del Grupo de Lima.
