Fiscalía argentina pide cambiar el lugar de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández

Fotografía de archivo de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015). EFE/ Enrique García Medina

 

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- La Fiscalía General de la Cámara Federal de Casación de Argentina pidió este lunes que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) cumpla su arresto domiciliario en un lugar distinto al actual y abandone su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cada día se concentran sus seguidores para darle apoyo, confirmó a EFE su abogado, Carlos Beraldi.

En una audiencia oral y pública celebrada este lunes en la Cámara Federal de Casación, considerada una segunda instancia judicial, el fiscal Mario Villar se pronunció a favor de mantener la modalidad de prisión domiciliaria, pero propuso disponer otro domicilio distinto al de la calle San José 1111 de Buenos Aires, donde se encuentra recluida desde el 17 de junio.

El fiscal expuso sus argumentos contrarios a los de sus colegas en la primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes la semana pasada habían solicitado que Fernández fuera trasladada a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

A continuación, la defensa de la expresidenta rechazó la posibilidad de un traslado y pidió que se mantenga su residencia actual.

El letrado Beraldi también solicitó que se anule el régimen de visitas vigente -que obliga a Fernández a pedir autorización judicial cada vez que desea recibir a alguien- y que se le retire la tobillera electrónica, al considerar que no existe riesgo de fuga.

El fiscal Villar argumentó que no eran viables dichas solicitudes.

La decisión final quedará en manos de los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes escucharon los planteamientos de las partes y se prevé que resuelvan las solicitudes en el transcurso de cinco días hábiles.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

 

 

 

 

 

 

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