Caracas, 16 sep (EFE).- El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, tachó este jueves de «panfleto» el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, que acusa al sistema de Justicia del país de carecer de independencia y servir para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos.
«Hicieron un panfleto atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles, de asedio a nuestro país», dijo Saab en una declaración sin preguntas.
Según dijo, los jueces y fiscales venezolanos muestran a diario «cómo deben hacer las cosas» en defensa de los derechos humanos, «en el combate al narcotráfico» y a la delincuencia organizada.
Por eso, consideró «lamentable» que la misión siga «ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana» con un informe que busca «ofender» y «mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales del sistema de justicia».
Por todo ello, rechazó «de manera contundente» y «sin lugar a dudas» el informe.
Finalmente, destacó que en Venezuela hay un sistema de Justicia que trabaja «en base a lo que establece la constitución y la ley» a la vez que reiteró el «compromiso» de la Fiscalía «para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos sin distingo de ninguna clase».
El informe de la misión de la ONU, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.
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La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.
«Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo», señala el documento.
