El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, acusó a las autoridades venezolanas de inundar a la instancia internacional con “información irrelevante” en un escrito previo a la audiencia que se efectuará este 7 y 8 de noviembre en la CPI en la que las partes se verán frente a frente.
Esto lo afirmó Khan en un documento de 61 páginas que presentó en días pasados para responder a la apelación que el gobierno venezolano introdujo en junio de 2023 contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó al fiscal de la CPI a reanudar sus averiguaciones sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los argumentos de Khan serán analizados en la audiencia en la CPI que se realizará entre el 7 y 8 de noviembre, en la que también se presentarán los alegatos del gobierno de Maduro y de algunas víctimas para establecer si procede o no la solicitud de las autoridades venezolanas para que el Fiscal paralice la investigación sobre la situación de Venezuela.
“El Gobierno de Venezuela tuvo la oportunidad y la aprovechó para presentar extensos materiales y observaciones. Proporcionó aproximadamente más de 30.000 páginas de documentación para demostrar que estaba llevando a cabo investigaciones pertinentes”, aseguró el fiscal de la CPI.
En el documento, fechado el pasado 5 de octubre, Karim Khan aseveró que “gran cantidad del material” proporcionado por las autoridades venezolanas era “irrelevante y no tiene relación con los procedimientos internos venezolanos”.
Las observaciones del Gobierno de Venezuela contenían:
- Correspondencia entre la Oficina (del Fiscal) y el Gobierno de Venezuela.
- Memorandos adjuntando tuits, fotografías y artículos de prensa no relacionados con los procesos internos.
- Información sobre los Derechos Humanos.
- Un ‘informe de entrevista’ de una persona que había estado detenida por más de cuatro años quien afirmó que se respetaron sus derechos al debido proceso.
- Tablas y listas con información limitada.
- Los resúmenes ya presentados en (otros) escritos y listas y cuadros (que) no iban acompañados de expedientes judiciales originales “ni de pruebas que respaldaran la información”, informó Khan.
¿Las 30.000 páginas del gobierno venezolano sirven para algo?
Y pese a las miles de páginas enviadas por el gobierno de Venezuela a la CPI, se trata de documentos que “contenían información limitada sobre los casos” que presuntamente están siendo investigados por los fiscales y jueces venezolanos, tales como “números de expediente, víctimas, sospechosos (si se identifican), calificaciones jurídicas, breves descripciones de los hechos relevantes y medidas investigativas y judiciales adoptadas”, denunció Khan.
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La estrategia gubernamental no ha conseguido ni convencer a la Fiscalía de la CPI de que los crímenes ocurridos en Venezuela están siendo investigados ni tampoco ha servido para hacerle perder tiempo.
“Los expedientes judiciales y de investigación traducidos confirman que el Gobierno de Venezuela no está investigando ni procesando acusaciones fácticas que sustentan crímenes de lesa humanidad, y que los procedimientos internos se centran en perpetradores directos o de bajo nivel. Ellos también muestran que el aspecto discriminatorio del delito de persecución no ha sido investigado/enjuiciado y que las denuncias de violencia sexual no han sido investigadas lo suficiente”, afirmó Karim Khan.
El fiscal de la CPI aseguró que su despacho llegó a esta conclusión luego de revisar “la totalidad del material (tanto en inglés como en español)” que recibió desde Caracas.
No hay dudas que aclarar
En su escrito Karim Khan también refutó que las autoridades tuvieran alguna duda sobre cuáles hechos están siendo investigados por su despacho.
Tras afirmar que su oficina “no está obligada ni limitada” a indagar sobre los hechos que le fueron llevados en primer término en las denuncias que recibió entre finales de 2017 y 2018, el jurista británico aseguró que “el Gobierno de Venezuela demostró que entendía el alcance temporal de la investigación prevista por la Fiscalía comenzaría en febrero de 2014”.
¿Por qué? Porque “dio su opinión sobre los presuntos incidentes que datan de esa época y transmitió materiales relacionados con los casos identificados por la Fiscalía como ejemplos de esa época”, indicó.
Y, por último, señaló que “la Fiscalía (de la CPI) también puede decidir investigar la criminalidad posterior a la fecha de la apertura de la investigación siempre que se ajuste a los parámetros de la situación o esté suficientemente vinculada a dichos parámetros”.
Karim Khan y el gobierno de Venezuela: cara a cara
Este 7 y 8 de noviembre los magistrados de la Sala de Apelaciones de la CPI, Marc Perrin de Brichambaut, Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze, escucharán de la boca de Karim Khan estos argumentos, así como también los de las autoridades venezolanas e incluso los de las presuntas víctimas.
Hay que recordar que recientemente 2.684 víctimas individuales y 104 familias respaldaron ante la Sala de Apelaciones de la CPI que se confirme la autorización al Fiscal Karim Khan para continuar investigando la situación de Venezuela, pues consideran que está “es su única y última esperanza de justicia”.
También pidieron que las averiguaciones se amplíen para que abarquen posibles crímenes cometidos desde julio de 2002.
Al término de las dos fechas, la Sala de Apelaciones de la CPI deberá decidir si mantiene o no la investigación sobre Venezuela.
La CPI dejó claro que en la audiencia del 7 y 8 de noviembre no se emitirá ningún fallo.
Fuente: Transparencia Venezuela
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