El sector agrícola venezolano enfrenta una creciente distorsión comercial por el ingreso masivo de productos importados subsidiados, una situación que, según Osman Quero, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), está generando una competencia desleal y afectando directamente a los productores nacionales.
Quero alertó que más de 2,2 millones de toneladas de maíz y arroz han ingresado al país durante este año. A esta situación se suman las exoneraciones arancelarias, que han contribuido al descenso de los precios de las cosechas nacionales y reducido la rentabilidad de los agricultores.
El dirigente gremial cuestionó la creciente dependencia de productos provenientes del exterior y sostuvo que Venezuela cuenta con las condiciones necesarias para fortalecer su producción interna. No podemos seguir dependiendo de la despensa de un vecino. Eso es el mayor fracaso, afirmó, citado por El Carabobeño.
Los productores venezolanos también enfrentan dificultades para acceder a financiamiento. Mientras agricultores de otros países pueden obtener créditos con tasas de entre 4 % y 5 % anual, los productores nacionales afrontan costos financieros considerablemente mayores.
De acuerdo con Quero, la cartera crediticia total de Venezuela para todos los sectores económicos ronda los 2.600 millones de dólares, mientras que en Colombia supera los 14.000 millones de dólares destinados únicamente al sector agropecuario.
A las limitaciones financieras se suman los problemas de infraestructura y servicios públicos. Los cortes eléctricos no programados, de entre seis y nueve horas diarias, afectan el funcionamiento de los pozos de riego y de las plantas acondicionadoras de grano, incrementando los costos y dificultando las operaciones.
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El escenario mantiene bajo presión a los productores venezolanos, que deben afrontar elevados costos operativos y un contexto inflacionario mientras compiten con mercancías importadas en condiciones que, según el gremio, no son equitativas.
La situación genera preocupación por sus posibles efectos sobre la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria, en un sector que continúa reclamando mejores condiciones de financiamiento, servicios e incentivos para recuperar su capacidad productiva.
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