Caracas, 19 feb (EFE).- Familiares de detenidos tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela pidieron este miércoles, en sendas concentraciones en las ciudades de Caracas y Maracaibo, la liberación «inmediata» y la revisión de los casos de sus allegados, cuya inocencia defienden, mientras la Fiscalía los acusa de «terroristas».
A las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, Thaís Rodríguez, integrante del movimiento Comité de Madres en Defensa de la Verdad, dijo a EFE que los detenidos son acusados de «delitos que no cometieron», como terrorismo.
Rodríguez, quien hizo parte de los familiares que entregaron un documento con peticiones al alto tribunal, denunció que los detenidos «en general» han «padecido fiebre, dengue, han bajado en promedio entre 20 y 30 kilos» y, además -advirtió-, sufren «depresión» por el «hecho de estar detenidos injustamente».
Por su parte, Marvis Torrealba pidió un «diálogo» para «llevar al país a la reconciliación» y consideró que «no debería haber personas encarceladas porque piensen diferente».
Torrealba indicó que su hijo Marcos Antonio Carrillo fue detenido en el estado Apure y actualmente está preso en Tocorón, en Aragua (norte), y es acusado -según dijo- de los presuntos delitos de instigación al odio, conspiración, terrorismo y resistencia a la autoridad.
«Estaba saliendo del trabajo y fue abordado sin ninguna orden judicial, sin haber estado cometiendo ningún acto (delictivo)», manifestó Torrealba.
En Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste), Vanessa Linares de Ramírez y Carol Figueredo pidieron la liberación de sus esposos detenidos, el exalcalde de esa ciudad Rafael Ramírez Colina y Pedro Guanipa -funcionario de la administración local-, respectivamente, y de todos los políticos que están presos.
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Linares afirmó que hace 141 días no sabe «nada» de Ramírez, quien fue arrestado por presuntos delitos de corrupción, según informó en su momento la Fiscalía.
«No le tienen permitidas las visitas, no podemos constatar su estado de salud», señaló Linares en una rueda de prensa, en la que negó que su esposo haya cometido algún delito.
Figueredo afirmó que no ha podido hablar ni ver a su esposo, Pedro Guanipa -exdirector de la Alcaldía de Maracaibo y acusado también de presunta corrupción-, desde hace 146 días, cuando fue detenido.
El pasado octubre, el titular del Ministerio de Interior, Diosdado Cabello, acusó a Ramírez de desviar recursos públicos para financiar actos de la campaña de la oposición mayoritaria, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Asimismo, mostró un video de Guanipa en el que confesaba que era consciente del «financiamiento» de Ramírez para «las actividades de campaña de Edmundo González y María Corina Machado», los líderes antichavistas que reclaman el triunfo opositor en las presidenciales del 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro.
Tras estas elecciones se desató una crisis por la denuncia de «fraude» por parte de la oposición ante el resultado anunciado por el CNE, lo que desató protestas y, en este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, según la Fiscalía.
La ONG Foro Penal considera que en Venezuela hay 1.194 personas arrestadas por motivos políticos, la mayoría detenidas luego de las elecciones.
