Redacción Correo del Caroní
“Me lleva el Dgcim”, esta fue la última frase que escuchó la familia de Manuel*, un trabajador de la Compañía Eléctrica Nacional (Corpoelec) residido en Guri, en el estado Bolívar, y detenido por presunto terrorismo tras el apagón nacional del 30 de agosto.
Manuel tiene 32 años trabajando en la compañía y fue sacado de su habitación por efectivos policiales la noche del domingo 1 de septiembre por su presunta vinculación con un sabotaje al sistema eléctrico.
Para la esposa de Manuel, esa noche comenzó el calvario, ya que la llamada se cortó luego de que su esposo la alertara sobre lo que estaba ocurriendo y, desde entonces, no ha podido hablar más con él. Tuvo que empezar a limpiar casas, ya que toda la familia vivía del sueldo del trabajador y con lo que gana hace esfuerzos para ir a la ciudad de Caracas, donde la única información que se obtuvo es que el empleado está recluido en un centro penitenciario de Boleíta Norte.
Manuel es uno de los 40 trabajadores que los parientes calculan fueron detenidos tras el apagón, todos acusados de terrorismo desde el 31 de agosto y enviados hacia Caracas, que se desconoce si se ha llevado a cabo un juicio y no tienen acceso a la defensa privada.
“El apagón fue el 30 y el día 31 se llevaron a cuatro chicos que estaban trabajando en planta. Se los llevaron. Después, el día lunes, se llevaron a 11 personas más. Eso fue ya el segundo día. El día 2 de septiembre vino el presidente Maduro a Guri con Delcy Rodríguez y se llevaron a 20 personas más. Aproximadamente, son 40 detenidos. Han sido tres lotes de personas detenidas. Son personas que están secuestradas y desaparecidas. Las familias hemos estado en Caracas y no dan respuestas”, declaró un familiar del trabajador.
El pasado 13 de septiembre, Correo del Caroní informó sobre la desaparición de al menos 10 trabajadores en Guri luego de que la defensora de derechos humanos Tamara Suju hiciera el alerta.
La familia de Manuel alegó que es un caso del que se tiene poca información, ya que han sido tres lotes de apresados, pero a la luz pública solo se informó de uno. Asimismo comentaron que el tema es prohibido en la estatal y nadie se atreve a comentar sobre lo ocurrido por temor a una nueva ola de detenciones.
Acusados de sabotear el sistema eléctrico
Debido a la necesidad de trabajar para obtener recursos, la esposa de Manuel no pudo viajar a Caracas, así que otros miembros del grupo familiar han tenido que trasladarse para buscar información. En entrevista con este medio, aseguraron haber visitado distintas penitenciarías, entre ellas El Helicoide, hasta que un efectivo les sugirió acudir a Boleíta.
En el centro de reclusión no han obtenido mayores detalles. No hay expedientes ni acceso a visitas. Abogados entran y salen, pero ninguno tiene información sobre el caso de estos empleados; sin embargo, un familiar de Manuel logró conversar con un militar de mayor rango, quien le informó que el grupo era investigado por un acto de terrorismo contra el sistema eléctrico.
“No sabemos por qué se los llevaron exactamente. No nos han dicho, pero lo que hemos podido saber es que dicen que hicieron un acto de terrorismo. En Caracas me dijeron cuando me atendió un funcionario, que están siendo investigados por terrorismo. Presumen que sabotearon el sistema, es lo que creemos. Nadie da respuesta. Nadie habla ni se sabe qué pasó exactamente el día del apagón. Antes del apagón, el personal de Guri hablaba de eso y decían que había gran falta de mantenimiento, que era una locura y que estaban trabajando con las uñas. Ellos decían que en cualquier momento podía haber un apagón, anteriormente hubo un apagón de 8 horas y ahí se llevaron a un trabajador de Corpoelec Ciudad Bolívar. A él se lo llevaron y lo soltaron. No se sabe más. Llegar a Guri y preguntar por eso es un pecado ahorita”, puntualizó el entrevistado.
El día posterior al arresto de Manuel, familiares recorrieron el Dgcim del Club Caronoco en Puerto Ordaz. Posteriormente fueron al DAES de Ciudad Guayana. También recorrieron el sector Core 8 en los diferentes comandos de la zona. Sin embargo, en ninguno de estos lugares obtuvieron respuestas.
“Una persona nos comentó que los trasladaron por lotes por vía aérea hacia Caracas. Me confirmaron un miércoles en la mañana que estaba en Caracas. Nosotros hicimos recorridos acá en Puerto Ordaz dos veces. Nadie llamó ni a su esposa ni a su mamá. Nosotros como familia tuvimos que recorrer, hablamos con muchas personas que conocemos. He hablado con otros familiares, tenemos contacto con la esposa de otro detenido y el hermano de otro chico que también está. Tú entras al Dgcim y lo primero que te dicen es que no está allá. Así vayas cinco veces al día. Eso causa terror. Según la información que tenemos, el día 3 de septiembre fue que se los llevaron a Caracas. Esto es lo que hemos recabado, nadie nos ha dicho nada. Su esposa está limpiando apartamentos porque él era el jefe del hogar y la familia nos movilizamos. Hemos pasado de todo. Ha sido fuerte”, puntualizó.
Hasta 400 dólares gastan las familias en busca de información
Para la familia de Manuel, que no conoce Caracas, su búsqueda ha sido un desafío de paciencia y resiliencia. Se dirigieron en primer lugar a El Helicoide, donde les informaron que allí no van personas investigadas, sino presos procesados.
“Hablé con un funcionario de alto rango y me dijeron que allí estaban puros procesados con condenas. Él me dijo: si se lo llevó el Dgcim, anda a Boleíta, allí lo tienen. Yo me fui hacia allá. No tengo experiencia. Yo preguntaba en la alcabala y me ponían a esperar. Eso representa un gasto de mucho dinero, gasté como 400 dólares quedándome en hotel porque no tenía dónde quedarme. Comía muy mal para no gastar dinero. Nos negaron que estuviera allí hasta el final que salió un funcionario, era una mujer, y me dijo que sí estaba allí. Me dijo que estaba bien y que estaba comiendo. Que si tenía problemas de salud, allí había atención médica y que se les daba sus medicamentos”, expresó la fuente.
La familia se mantiene preocupada, ya que Manuel posee una cardiopatía y requiere tratamiento médico; sin embargo, a pesar de haber llevado las medicinas hasta el lugar, no se permitió el acceso.
“Les supliqué: no lo veo, pero entrégale esto. Que tus superiores se lo entreguen, es lo único que pido. En ningún momento me dijeron nada. No se pudo pasar agua ni ropa ni carta. Me conformé. Estuve tres días allá y regresé porque ya no estaba logrando nada. No pude verlo, no me dijeron de qué se les acusa, no hay expediente. Solo dicen que está en investigación. Dicen que no están detenidos que están retenidos. ¿Por qué no lo puedo ver? Me dicen que están siendo investigados, que era un proceso delicado que está siendo manejado por Dgcim. Supliqué no sé cuántas veces”, lamentó el entrevistado.
En medio de estas vueltas, acudieron a Foro Penal, organización no gubernamental que se está encargando de la defensa de detenidos en el periodo postelectoral, para saber qué hacer en el marco de esta situación donde la comunicación es prácticamente nula.
Como se ha reportado en otros casos, la familia de Manuel se encontró con que no se permite imposición de abogados privados, los juristas no tienen acceso a documentación ni a información. Explicaron que la misma información ofrecida a los abogados es la que se da a los parientes.
Angustia y zozobra: sensaciones que rodean los casos
Para las familias de los aprehendidos, la realidad es angustiante, ya que solo aquellos que cuentan con recursos para viajar y contactos pueden obtener la mínima información. Quienes no cuentan con dinero se quedan sin saber qué hacer y tampoco reciben comunicación oficial.
“Es una situación demasiado terrorífica. Es desesperante. La madre de él dice que se quiere morir. Que si su hijo no aparece, se va a morir porque no aguanta no saber dónde está. Piensa que los pueden estar torturando. Los funcionarios pueden decir que no los tocan, pero esas investigaciones e interrogatorios son fuertes. Su esposa está limpiando casas porque si no, no hay dinero. Hay otros familiares que hemos conocido, nos vamos juntos. Hay un caso de una muchacha que no pudo ir porque tiene a un bebé que está amantando todavía. En ninguna institución de esas permiten entrar con niños”.
Sobre el procedimiento que se está aplicando o qué hay detrás de la averiguación, las familias no saben nada. Además hay poco conocimiento público sobre el caso, dado el miedo de que se tomen represalias contra los arrestados.
Delación en la empresa: una posible causa
“Vinimos a los medios porque eso está muy callado. Me recomendaron hacer bulla porque es algo que en Caracas casi nadie sabe de ese caso. Mucha gente se quedó sorprendida porque no sabían del caso de los trabajadores de Guri. Así como él, hubo fiscales que no sabían. Me dijeron que es obligatorio presentarlos, pero no se sabe exactamente cuándo los van a presentar. Si están en investigación, ¿por qué no dejan ver a las personas? Para mí, esto es un secuestro”, cerró la denunciante.
Según lo expresado en Caracas por organizaciones que llevan estos casos, los familiares deben esperar que transcurran al menos 45 días para que se dé la presentación y puedan obtener información en Fiscalía.
“Todo esto tiene que ver con un tema político. En Guri hay un grupo de WhatsApp. El día después de las elecciones, el 29, una persona escribió para celebrar que había ganado el presidente Maduro. Inmediatamente hubo trabajadores que escribieron que no estaban de acuerdo, que vean cómo viven… Entre ellos Manuel. Todos escribieron. Una persona se encargó de hacer captures e imprimió eso. Nosotros supimos que entregó esa información a los superiores y después los agarraron a todos. De hecho, una excompañera que emigró denunció lo que habían hecho con las denuncias de WhatsApp. ¿Cómo va a hacer eso a sus compañeros de trabajo sabiendo que el tema de la política está tan fuerte?”, finalizó un familiar entrevistado.