Buenos Aires, 15 ago (EFE).- Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado que ha provocado al menos 87 muertes en Argentina denunciaron este viernes la utilización política del caso, después de que el presidente Javier Milei amenazara con recusar al juez a cargo de la causa, lo que paralizaría la investigación.
«Después de cuatro meses de estar callado, el Gobierno aparece a querer recusar un juez. No quiere que se sepa la verdad», dijo a EFE Sol Francese, madre del joven Renato Nicolini, quien murió con 18 años en el Hospital Italiano de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tras recibir fentanilo contaminado.
El caso se investiga desde el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, contra quien Milei apuntó por ser hermano del ministro de Salud de esta provincia, Nicolás Kreplak, gobernada por el peronista Axel Kicillof.
«Ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak», advirtió la Presidencia argentina en un comunicado.
Esta amenaza sigue a una declaración de Milei durante un acto de campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, en la que acusó al kirchnerismo de encubrir a García Furfaro.
“Ellos politizan todo y nos perjudican. A mí no me interesa la política, me interesa esta causa, que no tiene un solo paso en falso dado y ya cuenta con muchísima prueba contra los responsables”, afirmó a EFE Adriana Francese, familiar del fallecido Renato Nicolini y abogada querellante en la causa.
Dos lotes de fentanilo contaminado, que suman más de 300 mil ampollas, fueron producidos por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma -hoy clausurados- en diciembre de 2024 y distribuidos en más de 200 centros médicos del país.
Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).
Hasta ahora se han detectado 87 muertes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Formosa, además de la capital argentina, una cifra que aumenta a medida que la Justicia investiga.
Hay 24 sospechosos -García Furfaro, además de socios, familiares y empleados de los laboratorios- que tienen prohibida la salida del país, los bienes inhibidos y una investigación patrimonial abierta, precisaron fuentes judiciales, tras más de 22 allanamientos a empresas, organismos públicos y domicilios privados.
En menos de 15 días estarán disponibles los resultados de los peritajes técnicos del instituto de microbiología Malbrán que, según explicaron a EFE desde el Juzgado, son fundamentales para determinar el delito por el que serán imputados los acusados.
«El Gobierno es responsable de que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) hiciera todo mal. No se hizo cargo de este desastre y ahora aparece para recusar a un juez, retrasarnos y entorpecer la causa», lamentó la abogada querellante, al subrayar: «Me parece un despropósito porque paraliza todo».
Denuncian «circo político»
El pasado 12 de agosto los familiares de tres de las víctimas asistieron a una reunión con diputados oficialistas y aliados al Gobierno de Milei, y luego denunciaron en declaraciones a EFE haber sido utilizados políticamente.
Apuntaron concretamente contra la diputada Silvana Giudici de Propuesta Republicana (PRO), partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y aliado al oficialismo, quien convocó de la reunión.
«Silvana Giudici nos dijo que había que recusar al juez», advirtió Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo (44), fallecido el 17 de mayo en el Hospital Italiano de la Plata tras recibir fentanilo de HLB.
La diputada trabajó en un proyecto de ley sobre alerta y trazabilidad en salud, al que accedió EFE, e impulsó desde el Congreso un pedido de informe, que fue aprobado, y la creación de una comisión investigadora, que no prosperó.
«Nosotros fuimos a buscar a Giudici para que legisle, para que impulsen la ley de trazabilidad, no para que inicie ninguna comisión investigadora», se quejó Oviedo, quien dejó claro: «La investigación la está llevando a cabo el juez y el Instituto Malbrán y estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo».
«Nosotros queremos que la causa avance, lógicamente, queremos respuestas. No creo que estratégicamente sea una buena idea recusar al juez Kreplak», indicó Alejandro Ayala, hermano de Leonel.
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Gisele Oviedo, por su lado, aseguró que el oficialismo y sus aliados buscan “embarrar la cancha” y consideró que lo que se intenta es convertir el caso en «un circo político».
El escándalo del fentanilo contaminado se conoció en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones respiratorias en la UCI, que terminaron siendo asociadas a las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, halladas después en ampollas cerradas del fentanilo producido por HLB.
Este hecho se suma a un amplio historial de denuncias por irregularidades técnicas y administrativas, con el resultado de al menos 267 expedientes abiertos por la ANMAT.
La Justicia Federal de La Plata investiga, además, hipótesis delictivas alrededor de un complejo entramado societario entre personas jurídicas y físicas vinculadas al laboratorio HLB Pharma.
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