Washington, 12 feb (EFE).- Un grupo de organizaciones que representa a familiares de tres migrantes venezolanos enviados a la base naval de Guantánamo, en Cuba, presentaron una demanda contra la Administración Trump en la que piden acceso a los detenidos.
Las organizaciones humanitarias denuncian que estos inmigrantes están incomunicados y urgen garantizar el acceso a información sobre las condiciones de detención y el debido proceso para los afectados.
La demanda, que incluye a la hermana de uno de los detenidos, fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y el Centro para los Derechos Constitucionales, entre otros grupos, informaron este miércoles las organizaciones.
La querella menciona a Eucaris Carolina Gómez Lugo, quien se enteró de la detención de su hermano tras ver una fotografía publicada por el Gobierno estadounidense.
Las autoridades alegan que algunos de los detenidos son miembros de la organización transnacional de Tren de Aragua, pero parientes de los venezolanos lo han desmentido.
EE.UU. ha enviado a al menos un centenar de migrantes a Guantánamo y todos ellos son venezolanos, según CBS News.
El Gobierno no ha detallado sobre la identidad de estas personas, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que son miembros del Tren de Aragua.
EFE conversó con los familiares de tres migrantes que aseguran fueron enviados a Guantánamo -dos de ellos incluidos en la demanda- que defienden la inocencia de estos hombres y aseguran no han podido comunicarse con ellos desde hace ya varios días.
Sin garantías legales
Estos migrantes no fueron arrestados en las calles, sino que ya estaban bajo custodia en un centro de detención en Texas, algunos desde hace más de cinco meses, contradiciendo la versión del Gobierno que señala que los «sacaron» de las calles de EE.UU.
EFE no encontró antecedentes penales en EE.UU. que vincularan a ninguno de los tres hombres con la banda Tren de Aragua.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) solo confirmó el envío de uno de ellos a Guantánamo y no comentó sobre los otros dos casos.
Confirmó que Luis Alberto Castillo, de 30 años, fue enviado a la base naval. Su hermana, Yajaira Castillo, dice que la situación del joven venezolano es injusta.
Según los abogados de derechos civiles, la administración Trump no ha proporcionado detalles sobre los inmigrantes detenidos en Guantánamo, como la duración de su reclusión, el marco legal que justifica su detención y las condiciones en las que permanecen.
El Gobierno Trump ha manifestado su intención de trasladar a decenas de miles de inmigrantes a Guantánamo.
Sin embargo, los demandantes advierten que esta práctica podría sentar un precedente peligroso al permitir que el Gobierno aisle a personas en instalaciones remotas sin garantías legales.
«La detención de inmigrantes en Guantánamo sin acceso a abogados o protecciones básicas es una grave violación de sus derechos y un abuso alarmante del poder gubernamental», señaló en un comunicado Rebecca Lightsey, codirectora de American Gateways.
«Al enviar inmigrantes a una isla remota, aislándolos de abogados y familiares, el gobierno está demostrando su desprecio por el Estado de derecho», afirmó Lee Gelernt, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
La demanda señala que Guantánamo alberga una de las prisiones más notorias del mundo, utilizada cuando el Gobierno de EE.UU. ha intentado operar en secreto y sin rendición de cuentas.
En la demanda también participan el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP) y la ACLU del Distrito de Columbia. Los demandantes incluyen las organizaciones de asistencia legal Las Americas Immigrant Advocacy Center, RAICES, American Gateways y Americans for Immigrant Justice.
