Caracas, 16 jul (EFE).- Un grupo de mujeres, familiares de jóvenes detenidos en el contexto de la crisis posterior a las elecciones presidenciales de julio del año pasado en Venezuela, pidió este miércoles una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, para «presentarle directamente» los casos de sus parientes y conocer las razones por las cuales, aseguran, las excarcelaciones están «paralizadas desde el mes de marzo».
«Estamos a punto de cumplir un año desde que comenzó esta pesadilla y seguimos sin comprender por qué nuestros familiares continúan bajo esta prisión injusta», afirma la carta dirigida al fiscal que entregaron en la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas, frente a la que realizaron una vigilia.
En el documento, suscrito por «madres, esposas, abuelas, hermanas, tías y demás familiares», advierten que la salud de los detenidos «sigue debilitándose» y «muchos de ellos continúan presentando infecciones en la piel y los riñones, así como problemas de tensión, respiratorios y gástricos».
«La gran mayoría muestra síntomas de depresión y dificultades para conciliar el sueño. Sufren pánico y ansiedad al pensar que perderán mucho más tiempo de sus vidas detrás de esos injustos barrotes», expresan las mujeres, quienes afirman que esos detenidos «son, en su mayoría, jóvenes trabajadores y estudiantes provenientes de comunidades populares».
En ese sentido, señalan: «Somos gente humilde para quienes la vida se ha vuelto cada día más difícil a causa de esta injusta prisión».
Una de las madres que entró al MP aseguró que los funcionarios que las atendieron se comprometieron con una revisión de los casos «desde ya» y que priorizarán «cuatro con patología».
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Estos detenidos, en su mayoría menores de 30 años de edad, fueron detenidos en el contexto de crisis y manifestaciones desatadas luego de la controvertida proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios del 28 de julio de 2024.
La proclamación fue realizada por parte del organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, y fue denunciada por la oposición mayoritaria como un «fraude».
Según el Comité de Madres por la Verdad, que convocó la protesta frente a la Fiscalía, «no tiene sentido que estos jóvenes, (…) que son el presente y el futuro de Venezuela, estén perdiendo sus vidas tras unos barrotes», por lo que exigió su liberación, al insistir en que son inocentes.
Miriam Yépez, madre de Juan Diego Lucena, aseguró que su hijo, de 28 años, es un «trabajador, técnico en teléfonos y estudiante de (ingeniería) telemática» en una universidad pública del país.
«Queremos la libertad de nuestros hijos, de nuestros muchachos. Son inocentes, no son terroristas, no son delincuentes. Son muchachos estudiantes, trabajadores», agregó.
Este martes, la ONG Foro Penal indicó que hay 948 presos políticos en Venezuela -entre ellos, cuatro adolescentes-, la mayoría detenidos después de las presidenciales celebradas hace casi un año.
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