Caracas, 3 oct (EFE).- Familiares y allegados de detenidos en el contexto de protestas poselectorales en Venezuela solicitaron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un recurso de amparo, la revisión de las medidas cautelares de los presos, a quienes se les imputan varios delitos como terrorismo e incitación al odio.
Los familiares, acompañados por el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, también pidieron al TSJ el respeto al debido proceso para los detenidos.
Gabriela Meneses, familiar del detenido Dennis Rojas González, de 21 años, dijo a EFE que el joven fue capturado en el estado La Guaira el 3 de agosto, tras protestar el 29 de julio, cuando se registraron manifestaciones masivas en varias regiones contra el resultado oficial de las presidenciales, que dio la reelección a Nicolás Maduro, un triunfo que el mayor bloque opositor considera «fraudulento».
Meneses dijo que a Rojas, imputado por «terrorismo», se «le están violando» sus derechos humanos y no se le permite una defensa privada.
«Le están imputando terrorismo. Eso es una palabra tan grande. Terrorismo es cuando destruyes a un país entero, tumbas un avión», manifestó la mujer, al tiempo que afirmó que el joven «no rompió» ni «quemó» nada durante las protestas, como afirma la Fiscalía, que señala a los manifestantes de dañar y quemar sedes de instituciones públicas.
Asimismo, dijo que el detenido tiene «una mano fracturada» y no ha sido atendido, y que, además, padece de una «dermatitis severa en la cara».
Por su parte, Moraima Urbáez, madre de Kevin Ramos, dijo a EFE que su hijo, de 33 años, fue detenido también el 29 de julio, «aparentemente» sin ningún motivo, durante un operativo policial en La Guaira.
«Se negaba a que los policías lo montaran en la moto, igualito lo golpearon y se lo llevaron», aseguró la mujer.
Agregó que el detenido «tiene una hernia inguinal e hidrocele (líquido en los testículos)» y manifestó no saber si ha sido evaluado por un médico.
Urbáez explicó que los cargos que le imputan a su hijo son los que «tienen la mayoría»: incitación al odio, daño y perjuicio, entre otros.
Tras las protestas poselectorales, las autoridades registraron más de 2.400 detenidos, a quienes la Fiscalía señala de generar «violencia» y «vandalismo», mientras que la mayor coalición opositora acusa de «represión» a los agentes de seguridad del Estado en las manifestaciones.
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