Ante la huelga de hambre que están realizando detenidos de 17 centros de reclusión en Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Gustavo Rangel, denunció que la situación en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) es complicada, no solo por el hacinamiento, sino porque no se les garantiza ni el derecho a la alimentación a los reclusos, y son sus familiares quienes tienen que viajar hasta Santa Ana, municipio Córdoba de la entidad andina, para llevarles sus alimentos.
“Tienen que prácticamente pagar la comida, pagar para que hagan un traslado, pagarles para que lleven la notificación, pagar para que puedan juramentar un abogado y hacer de tripas corazones para poder generar lo que es el debido proceso y respetar los derechos de los privados de libertad”, expresó.
Ante esto, Rangel indicó que el nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa, debe trabajar de manera conjunta con el sistema judicial y los organismos auxiliares, como lo había iniciado dentro de la Comisión Judicial de la Asamblea Nacional, pues hay casos en los que no le permiten al abogado juramentarse, con dilaciones indebidas, violando el debido proceso.
“No es posible que aquí tenga que pedir su autorización a otro estado o a otro juez rector para que se autorice una telemática, cuando eso es un derecho que tiene cada uno de los privados de libertad. Autorizar una telemática quiere decir que si está en otro estado el caso o el detenido se encuentra en una jurisdicción distinta, se puede hacer vía telemática que es necesaria, a pesar de todo esto tiene que pedir la autorización de cada uno de los jueces rectores y esto tarda muchísimo tiempo y viola sin duda alguna el debido proceso”, explicó.
Propuso que se establezcan equipos multidisciplinarios que evalúen y trabajen en estos temas, así como en casos de violencia y violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas por los reclusos y verificados por algunas ONG en materia carcelaria.
El diputado de la Asamblea Nacional relató que, en los centros de reclusión municipales del Táchira también hay hacinamiento total producto del retardo procesal. “Cuando no presentas un detenido, cuando se hacen dilaciones indebidas, cuando se espera la autorización de una telemática prácticamente dos días, esto genera un hacinamiento innecesario al sistema penitenciario y por ende el colapso del tema judicial”, agregó.
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Espera Gustavo Rangel que el cambio de ministro no sea sólo un cambio de nombre, sino en políticas que contribuyan a mejorar la situación de los reclusos en Venezuela y de sus familiares.
