Una comerciante del sector Barrio Sucre de la ciudad de San Cristóbal, falleció el 26 de marzo de 2023 producto de un infarto, después de que funcionarios de la Dirección de Rentas de la Alcaldía de la capital tachirense, realizaran una inspección en su local comercial y le impusieran una multa de mil dólares.
Los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2023 a las 9 de la noche, cuando los funcionarios ingresaron al local comercial de María Lourdis Zambrano (51), revolvieron todo lo que estaba a su paso y amenazaron a su hijo que estaba elaborando pan con llevárselo detenido. La comerciante padecía diabetes e hipertensión, y el mal rato hizo que su salud se complicara.
Hugo Alberto Ramírez Zambrano, esposo de la víctima, acompañado de su hijo, familiares y abogados, denunció este miércoles 23 de agosto que la sometieron a una requisa “al estilo de la guardia pretoriana”, en la que encontraron noventa unidades de cerveza y una sangría que él había comprado para una reunión familiar, pero los funcionarios alegaron que era para la venta y les impusieron una multa de 1000 dólares, dinero que María tenía reunido para su chequeo médico.
Durante los días lunes, martes y miércoles la comerciante fue a la alcaldía sintiéndose mal, para cancelar la multa, pues el negocio tenía una orden de cierre para 20 días, pero a quienes les correspondía atenderla, dilataron el proceso, generándole largas horas de espera.
El miércoles 15 de marzo pudo pagar la multa al final de la tarde y se fue a la casa, con el infarto en marcha. “Lamentablemente sin dinero, sin recursos, tuve que ir a diferentes sitios médicos, de asistencia social. Bueno ya se determinó que el infarto estaba muy avanzado y no pude hacerle un cateterismo porque no tenía el dinero, porque la platica que ella estaba reuniendo para ir al médico se la quitó la alcaldía injustamente”, destacó Hugo Ramírez.
Indicó que su esposa fue hospitalizada en el Seguro Social, en donde padeció dos infartos más y falleció. “Yo estoy reclamando justicia, justicia por el hecho de que he perdido a mi esposa, el bastón principal de la casa, una mujer de hogar sumamente responsable, linda y hermosa, sumamente joven y usted se podrá imaginar el dolor que yo puedo tener”.
Hermano del Director General
El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, denunció que en esta oportunidad los responsables del hecho son los fiscales de la Dirección de Rentas, Jaime Rodríguez y Yanith Valero, así como quien ordenó la acción, el director de Rentas, Antonio Martínez, hermano del director General de la Alcaldía, Juan Rodolfo Martínez.
“El responsable directo es el que ordenó el allanamiento, como es Antonio Martínez, hermano del director General de la Alcaldía, Juan Rodolfo Martínez. Ahí hay cinco familiares vinculados a Juan Rodolfo que forman parte de la alcaldía. ¿Cómo se llama eso? Nepotismo ¿O qué nombre tiene?”, se preguntó Márquez.
Precisó Márquez que se trata de un homicidio preterintencional, con allanamiento ilegal, violación de domicilio, y tratos crueles y degradantes, por lo que el caso ya fue consignado ante el Ministerio Público y están evaluando enviarlo a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a la Comisión Interamericana Derechos Humanos de la OEA.