Ginebra, 23 sep (EFE).- La represión del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasciende sus propias fronteras y alcanza a sus críticos en el exilio, denunciaron expertos de la ONU, que instaron a otros Estados a exigir responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por esta razón.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, formado por tres juristas, llamó a la comunidad internacional a exigir responsabilidades al régimen nicaragüense por posibles violaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961.
Un informe sobre la represión transfronteriza de ciudadanos nicaragüenses, presentado este martes por el grupo ante el Consejo de Derechos Humanos, recuerda en este sentido los cientos de personas privadas de su nacionalidad por orden judicial.
Los casos documentados indican que al menos 452 personas sufrieron esta privación entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, aunque los expertos indicaron este martes que otros también fueron despojados de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
Además, ciudadanos nicaragüenses en el extranjero se convirtieron de facto en apátridas al denegarles la renovación del pasaporte y otros documentos oficiales, agregó la comisión tripartita.
El experto húngaro Reed Brody, miembro del grupo de expertos, destacó que «se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para los que se oponen a Ortega y Murillo».
«Una mano invisible persigue a los exiliados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, les amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país», agregó.
La investigación añade que el régimen nicaragüense ha perseguido a miles de sus ciudadanos en el extranjero, muchos de ellos huidos tras la represión de 2018, no sólo con la denegación de documentación y la privación de nacionalidad, sino también mediante confiscaciones de bienes, vigilancia digital o intimidación a familiares que permanecen en Nicaragua.
La vida de estos exiliados «se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente», destacó el alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.
La comisión recuerda asimismo en su informe el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado del ejército Roberto Samcam en Costa Rica, señalando que aunque las investigaciones están aún en curso y no se ha establecido vínculo entre el suceso y las autoridades nicaragüenses, es ya al menos el cuarto ataque violento contra un exiliado en los últimos años.
El grupo de juristas, que completa la experta uruguaya Ariela Peralta, también expresó su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos dentro de Nicaragua, con un aumento de las detenciones masivas y decenas de arrestados en paradero desconocido.
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Expresaron preocupación también por la retirada «sin precedentes» de Nicaragua en numerosos organismos internacionales este año, incluyendo el propio Consejo de Derechos Humanos, motivo por el cual su delegación no participó en el debate de este martes.
El Gobierno de Ortega y Murillo también ha anunciado este año la salida de Nicaragua de la Organización Internacional del trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), o la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre otras.
