Al cumplirse un año de la desaparición en altamar de 28 venezolanos pasajeros de la embarcación Jhonnaily José que zarpó de Güiria, estado Sucre, con rumbo a Trinidad y Tobago, familiares de las víctimas exigen al Estado venezolano que atienda sus solicitudes, se abra una investigación y se frene con este tipo de crímenes que siguen ocurriendo en las costas venezolanas.
El 23 de abril de 2019 fue el terrible incidente que envolvió a 28 familias en una pesadilla, de la cual aún no tienen ninguna respuesta, sus seres queridos subieron a una embarcación ilegal con el objetivo de ir a otro país en busca de una vida digna, huyendo de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y se encontraron con la fatalidad de una presunta red delincuencial que simula el naufragio de las lanchas para cargar con los pasajeros y usarlos en distintas formas de esclavitud moderna.
En tal sentido Ana Arias, madre de una adolescente que iba en esta embarcación expresó: “con el corazón en la mano, hacemos un llamado a los organismos internacionales a que no abandonen nuestro caso, que sigan las investigaciones por las vías diplomáticas, se interceda entre las partes y se generen los protocolos que comprometan a los estados a la búsqueda y repatriación de nuestros hijos”.
Ana Arias vocera de los familiares de las víctimas, narró que los representantes de estas 28 personas desaparecidas en aguas territoriales entre Trinidad y Tobago – Güiria, estado Sucre de Venezuela, han agotado todos los mecanismos legales e institucionales, como Ministerio Público, Cicpc, Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS), Guardia Costera, Fiscalía Superior, y Fiscalía General de la República, pero no han recibido respuesta alguna de las autoridades venezolanas sobre este caso.
Indicó Arias que, funcionarios del Estado venezolano, aun sabiendo que las autoridades de Trinidad y Tobago, han hecho allanamientos en lugares donde han rescatado a jóvenes venezolanas tanto hombres como mujeres, no han profundizado en esta situación para rescatar a sus connacionales.
Recordó que han ido también a la Interpol, y la Embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela, además de numerosos organismos internacionales. “Nuestros seres queridos ni siquiera tienen alerta amarilla de desaparecidos, y ante el silencio de las autoridades, nuevamente estuvimos entre el 18 y 21 de febrero de 2020 en la ciudad de Caracas, junto a familiares de desaparecidos en otras dos embarcaciones, acompañados por organizaciones como FundaRedes, pero seguimos sin recibir alguna atención a nuestro caso”.
El Estado debe frenar actuación
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de grupos armados en costas venezolanas
Durante el año 2019 y lo transcurrido de 2020, FundaRedes ha acompañado a las familias de las víctimas en distintos escenarios en la documentación, denuncia e incidencia del caso, entre ellos la Fiscalía General de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus audiencias en Cúcuta (Colombia) y en Puerto Príncipe (Haití), y también en un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Además de la embarcación Jhonnaily José, FundaRedes maneja denuncias de familiares de desaparecidos en dos siniestros más en Sucre y en Falcón en similares circunstancias durante el año 2019; y avanza en la documentación de una cuarta lancha que zozobró el 17 de marzo de 2020. A la fecha, las víctimas ascienden casi a 180 personas, y aún el Estado no actúa.
Investigaciones realizadas por FundaRedes, y detalladas en su Boletín #18 apuntan a la existencia de una red internacional de trata de personas, controlada por grupos armados irregulares y en la que, al parecer, según denuncias que han llegado a la organización y de las cuales se tiene registro, habría participación de funcionarios venezolanos vinculados al manejo administrativo de puertos y de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales operan principalmente en las costas de Venezuela.
Tal y como se relata en el Boletín #18 de FundaRedes averiguaciones confirman que existen grupos criminales actuando en altamar que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes y exigir rescates, o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago vinculadas al comercio sexual u otros delitos.
En todos los casos conocidos por la organización, los protocolos de búsqueda y rescate no se activaron o se pusieron en marcha con varios días de retraso, pero además luego de agotar todas las instancias, aún no se abre una averiguación del caso.
Desde FundaRedes se reitera una vez más que la desaparición forzada constituye un delito que en determinadas circunstancias es calificada por el Derecho Internacional como un crimen de lesa humanidad.
Al respecto, Javier Tarazona, director general de la organización, señaló que a los migrantes les es vulnerado este derecho en su afán de salir del país por las costas, así como es violentado su derecho a no sufrir ninguna forma de esclavitud ni servidumbre, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Expresó Tarazona que el Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran desapariciones forzadas, además de luchar contra la impunidad para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos. También debe respetar el derecho de los familiares a buscar, recibir y difundir información relacionada con cada caso.
(Boletín de prensa Fundaredes)
