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Una investigación transparente, independiente e imparcial, del asesinato del productor Carlos Tarazona, hecho ocurrido en la ciudad de Rubio el pasado viernes 11 de mayo, exigirán las organizaciones de derechos humanos del Táchira, entre ellas Fundación El Amparo que preside Walter Márquez, Redes, que coordina Javier Tarazona y Vinotinto que representa Clara Ramírez.
Frente a esta situación de graves violaciones de garantías constitucionales en la frontera, estas organizaciones de derechos humanos están exigiendo una inmediata investigación, que no sea efectuada por los mismos organismos involucrados que fueron responsables de este operativo realizado en el municipio Junín del estado Táchira, que condujo al asesinato del productor agropecuario y comerciante Carlos Manuel Tarazona el pasado fin de semana.
Por su parte Walter Márquez, vocero de esta solicitud, señaló que allí ocurrió una ejecución extrajudicial y sumaria, en otras palabras, “eso fue un vil asesinato que al ser cometido por el grupo FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) del gobierno venezolano se puede comprobar la sistematicidad y generalidad del delito que exige el Estatuto de Roma, porque es la misma organización que actuaron en las OLP, en el caso de Óscar Pérez y que ahora actúan en el matadero Baritalia donde fuera asesinado el productor de carne Carlos Manuel Tarazona”.
De acuerdo a las versiones de testigos con los que hemos dialogado, -expresó Márquez- los funcionarios llegaron de manera sorpresiva con armamento de guerra y allanaron el lugar sin ningún tipo de procedimiento judicial, además, le dispararon a quemarropa. Este tipo de operativos los rechazamos porque es típico de regímenes de fuerza que irrespetan los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Igualmente señaló Márquez, junto a Javier Tarazona y Clara Ramírez, que exigirán la actuación inmediata de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, para que se evite una manipulación del expediente. Señaló que requiere también del delegado nacional para el Táchira, Freddy Bernal, que garantice a los tachirenses el derecho a la vida y un debido proceso en esta investigación, la cual debe ser clara y rápida que conlleve al enjuiciamiento de los responsables.
«Freddy Bernal como oriundo de este Estado tiene la obligación de defender los derechos humanos de los tachirenses, y no dejarse guiar por falsas informaciones y rumores respecto a las actividades del productor agrícola Carlos Tarazona», agregó Márquez.
Destacó el también parlamentario nacional jubilado y Presidente de la ONG Fundación El Amparo que “en este caso estamos en presencia de una ejecución extrajudicial o sumaria, que violenta la Constitución de la República y tratados internacionales y de un linchamiento moral porque se ha querido vincular a Tarazona a hechos ilícitos haciéndolo ver ante la opinión pública como un representante de la mafia de la carne en la frontera y en caso de que esos argumentos tuvieses algún asidero, para eso existen mecanismos legales que permiten investigar, conseguir la verdad y no asesinarlo como lo hicieron. Igualmente parten del argumento de que él estaba armado ante lo cual debemos destacar que hubo un uso desigual de la fuerza y una desproporción del armamento que llevaba el grupo FAES. La propia hija del señor Tarazona señaló que él no tenía armas y en caso de que apareciera podía haber sido sembrada por ese organismo de seguridad”.
“Nos unimos a la solidaridad espiritual para con los familiares, así como al decreto de duelo del Concejo Municipal del municipio Junín, y al paro cívico al que se está llamando para solicitar respeto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, porque estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad tipificado como un asesinato en el Articulo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”, indicó el parlamentario.
Por último señaló que estas organizaciones de defensa de los derechos humanos Fundación el Amparo, Redes y Vinotinto realizarán una investigación rápida e independiente, complementaria de las investigaciones que deben realizar el Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, así como harán llegar una solicitud de investigación al relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, a fin de que abra estudie este crimen que enluta a una nueva familia tachirense y generó zozobra en los comerciantes de la frontera.
NP
