Luego que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), destituyera a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, cientos de fiscales a nivel nacional fueron despedidos; en el caso de Mérida, fueron 24 profesionales del Derecho los removidos de sus cargos por razones netamente políticas, pues sufrieron de las represalias infundadas desde la ANC.
La destitución de estos fiscales se da, toda vez que es nombrado Tareck William Saab, como nuevo fiscal de la República, por lo que ante este rompimiento del hilo constitucional en Mérida los fiscales en la entidad manifestaron pacíficamente en las calles durante los meses de junio y julio, para respaldar a Luisa Ortega Díaz y las acciones emprendidas a favor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Iván Toro, exfiscal provisorio de Responsabilidad Penal del Adolescente del Ministerio Público, denunció como fue removido de su cargo sin que se cumplieran los procedimientos administrativos para la destitución de los mismos y a partir de allí inició un episodio de persecución y amenazas constantes en contra de estos expertos en el área legal, ya que el argumento para despedirlo, aseguró, fue salir a protestar en defensa de la Constitución.
Toro recalcó que al pasar más de dos meses de sus destituciones fueron vetados para optar a un cargo en la administración pública, pues también sufren de la parcialidad política, ya que “nos impiden realizar el libre ejercicio, en este caso, el actual Ministerio Público le indica a nuestros clientes que si son asistidos por esos exfiscales, los clientes son los que van a sufrir la parte de sus decisiones en la búsqueda de la justicia”.
El exfiscal relató que hace 26 años, 2 meses y 7 días comenzó a desempeñar funciones en la administración pública, pues durante 17 años laboró en la policía del estado, seguidamente por más de 8 años cumplió con sus funciones en el Ministerio Público.
Toro lamentó como el prestigio de la Fiscalía va en detrimento, “constantemente hay amenazas en contra de los trabajadores, fiscales y empleados que están adentro del Ministerio”.
Iván Toro acotó que, actualmente los trabajadores deben cumplir con actividades relacionadas al tema político, favoreciendo los intereses del Gobierno nacional.
Aseveró que tras su destitución en la Fiscalía, para él y para los venezolanos es difícil creer en la justicia mientras se involucre la parte política en las decisiones de los poderes Judicial y Ciudadano, “es difícil que se logre una justicia imparcial, mientras que la ciudadanía reclama justicia”.
El exfiscal realizó estas declaraciones, durante la presentación del informe anual de asalto a los Derechos Humanos, el cual fue realizado por el Observatorio de DDHH de la Universidad de Los Andes, dedicado al convulsionado año 2017, marcado por la protesta, asesinatos, heridos y persecuciones políticas.