La Haya, 12 ago (EFE).- La exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, subrayó en un informe dirigido a los jueces de esa corte, antes de dejar su cargo el pasado junio, en que hay motivos para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017.
El documento, desclasificado esta semana, recoge observaciones hechas por Bensouda el pasado 15 de junio, un día después del rechazo por parte de la sala primera de Cuestiones Preliminares de la corte a la solicitud de control judicial presentada por Venezuela, que había alegado un trato “discriminatorio” y desigual” por parte de la Fiscalía durante el proceso de examen preliminar.
Recordó que “según lo establecido en su Informe 2020 sobre Actividades de Exámenes Preliminares”, la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido los crímenes de lesa humanidad”.
Estas anotaciones se basan en su propio informe anual publicado el pasado diciembre, que enumeró delitos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas (a las que señaló por su nombre), e incluyó, entre otros, los delitos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento, vulnerando las normas fundamentales del derecho internacional.
Bensouda negó, en una entrevista con Efe, en junio, antes de entregar el testigo al actual fiscal Karim Khan, las acusaciones de que “no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información” y señaló que ha presentado una respuesta a esas acusaciones de Caracas incluyendo «ejemplos y estadísticas del compromiso” que ha tenido su oficina con Venezuela, en referencia al documento desclasificado esta semana.
La exfiscal aseguró que “interactuó habitualmente con las autoridades venezolanas a través de su embajada en La Haya, lo que incluyó al menos siete reuniones presenciales” entre el embajador y Bensousa “para realizar intercambios sobre la situación y brindar actualizaciones relevantes sobre el progreso de la evaluación” del caso.
“La Fiscalía se ha centrado en un subconjunto particular de denuncias relacionadas con el trato a las personas detenidas, sobre las que había disponible información suficientemente detallada y confiable que permitió determinar si existía una base razonable para creer que se habían cometido uno o más crímenes dentro de la competencia de la Corte”, aseguró.