Ex alcalde de Boconó y su gabinete tendrán que responder a la ley

Ningún compactador estaba operativo cuando se asumió el nuevo período de gobierno, así lo dijo el acalde Luis Hidalgo. Fotos: Karley Durán.

Se espera que los órganos competentes determinen sanciones administrativas, penales y civiles porque tanto el ex alcalde Gregorio Vetencourt como sus directores salientes, deben resarcir los daños que le hicieron al municipio

Karley Durán.- CNP: 23.921.

Luego de más de cinco meses de haberse juramentado como alcalde de Boconó, el burgomaestre Luis Hidalgo, denunció públicamente en rueda de prensa y en compañía del director general, abogado Luis Méndez, una serie de irregularidades que presuntamente cometió la pasada gestión de Gregorio Vetencourt y de las cuales ya tiene conocimiento la Contraloría Municipal.

En principio se violó las normas de entrega de los órganos vigentes de la administración pública, “debido a que el alcalde saliente no se preocupó por el acta de entrega de la Alcaldía en los tiempos establecidos (tres días)”.

Se precisó igualmente desorden administrativo en torno a procesos financieros, “expedientes no conformadospor la comisión de contrataciones que debió hacer la respectiva valoración, tanto en Recursos Humanos como en Compras, donde por premura se realizaron algunos pagos que no estaban previamente programados ante el Sistema Nacional de Contrataciones”.

Dichas observaciones contempladas en el artículo 91 de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal,establecerán las responsabilidades administrativas tanto del alcalde saliente como de sus directores, pues en los próximos días se harán las actuaciones ante la Fiscalía del Ministerio Público por el daño a los bienes muebles e inmuebles del municipio.

Reveló el director Méndez que no existe un responsable patrimonial ni un  inventario de bienes de la Alcaldía tal como lo establece la Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip).

Además, el pago de prestaciones sociales a los directores salientes, que no presentaron su declaración jurada de patrimonio como emana la Ley Contra la Corrupción, “fueron para su momento muy altos, entre 41 y 48 millones de bolívares, por lo cual pedimos a los órganos competentes las investigaciones para determinar sanciones administrativas, penalesy civiles porque deben resarcir los daños que le hicieron al municipio”.

Por ultimo manifestó que la anterior gestión hizo caso omiso a las observaciones realizadas por la Contraloría Municipal y realizó una enajenación de bienes públicos que está siendo revisada para corroborar que fue solicitada ante la Sudebip.

El abogado Luis Méndez, director general de la acalde dio un bosquejo de las irregularidades encontradas en la alcaldía.
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