En los años sesenta, ante la insurgencia del PCV y del MIR contra el gobierno represivo de Rómulo Betancourt, el Congreso de la República fue allanado y los diputados de esos partidos encarcelados sin cumplir con las normas constitucionales. Hubo también terrorismo de Estado aplicado por organizaciones paramilitares como la “Cobra Negra” contra líderes estudiantiles, políticos y sociales. Los insurgentes, por su parte, efectuaron atentados terroristas, como el asesinato de policías, bombas de bajo poder en sitios públicos y secuestros; adicionalmente asaltos a bancos para proveerse del financiamiento necesario.
Las acciones gubernamentales incluyeron la creación de los “Teatros de Operaciones”, sitios militares donde se detenían a los enemigos del gobierno y se violaban gravemente los derechos humanos: secuestro, incomunicación, maltratos, torturas y asesinatos. Sin juicios, sin asistencia médica, sin testigos. Hubo además los enfrentamientos gobierno-guerrilla, con un saldo mayor de muertes y heridos del lado de los insurgentes, que no llegaron a constituir peligro para la democracia representativa naciente. Allanamientos de las universidades, hostigamiento permanente, modificaciones de la Ley de Universidades y un saldo de estudiantes muertos, heridos y detenidos.
Se efectuaban además allanamientos nocturnos en barrios populares, con detenciones ilegales y robo de pertenencias. Luchasen varias ciudades entre manifestantes y encapuchados con la policía, detenciones, uso de piedras y bombas molotov por los manifestantes y disparos de perdigones y armas de fuego, gases lacrimógenos y agua coloreada a presión, por el gobierno. Estos incidentes se extendieron mucho más allá del fin de la lucha guerrillera, que se produjo con la pacificación de Caldera.
La primera gran sorpresa con el gobierno “bolivariano” fue ver como sus funcionarios, víctimas directos de atropellos y violaciones de los gobiernos adeco-copeyanos, han repetido con total naturalidad las mismas conductas denunciadas y enfrentadas: detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso de funcionarios enmascarados, confinamientos, secuestros, maltratos y torturas, juicios militares a civiles y sin permitir el legítimo derecho a la defensa. Pero además con mayor ensañamiento. Chávez y sus insurrectos sufrieron prisión por dos años; el general Baduel lleva cerca de una década. Es una desfachatez.
Defensores de los DDHH en el pasado hoy justifican este tipo de conducta. ¡Insólito! Pero que la lucha política actual les haya nublado el entendimiento a muchos venezolanos es increíble. Quienes hoy se creen ya en el poder se preparan para la limpieza ideológico política del país, del cual eliminarán, asesinándolos supongo, a todo quien sea sospechoso de haber tenido alguna simpatía con Chávez o con Maduro. Profesores, profesionales, periodistas y otros del campo opositor extremista, no tienen empacho en decir que la libertad de información, expresión u opinión, tiene que estar sujeta a una racionalidad; que no se puede caer en esas “veleidades” que permiten que cualquiera diga lo que le parece.
Cuando lo leí recordé la lucha del gobierno por imponer la información veraz, la cual terminó siendo la del gobierno y le permitió criminalizar cualquier otra diferente. Pues bien, sus sucesores se aprestan a hacer lo mismo y mejorarlo. Los cierres de emisoras de radio, programas de opinión, televisoras, lejos de desaparecer se profundizarán, repitiendo una conducta que han condenado todos estos años. ¡Inaudito! Pero real. Esto como que no se acaba pronto; aún si hay un cambio de gobierno, si quienes vienen lo hacen con estas intenciones, los enfrentamientos continuarán. Lamentable, pero será así.