Por Wincarlys Ramos /Crónica Uno
Caracas. “Aquí desde Carache, botando los tomates porque no hay combustible y no da para llevarlo hacia el mercado de Coche”, se escucha en el video, difundido por redes sociales, mientras un grupo de agricultores arroja unos cultivos de tomates en un río del estado Trujillo.
Luego de la difusión de este video fue detenido el productor Jhonar Barazarte Trompetero. Así lo dio a conocer Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, el 20 de junio.
Dos días antes, Saab también anunció la detención de Ysnet Antonio Rodríguez Mambel, otro productor que botó una cosecha de zanahorias en un río de Pueblo Llano, en Mérida, y también fue difundido en un video.
Ambos productores denunciaron que perderían la cosecha por la escasez de combustible. Y tanto a Rodríguez como a Bazarte los señalaron por violentar la Ley de Precios Justos (boicot).
Una acción ilegítima
A juicio de Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, la atribución de un delito por razones económicas, para criminalizar el derecho de la libertad a la manifestación pacífica es una acción no legítima.
Rodríguez explicó que este delito consiste en interferir en alguna fase de la cadena de producción, distribución y comercialización asociada a temas alimentarios.
“En términos de validez, en un entorno de institucionalidad democrática, no debería ser considerado como tal porque se está ejerciendo el derecho a la protesta. Es decir, con ello no se busca interferir con la cadena de producción, distribución y comercialización. Es todo lo contrario”.
Agregó que los agricultores que detuvieron por desechar los cultivos, en vez de entorpecer esta cadena, denunciaron que no se puede trasladar la mercancía por la falta de gasolina. “Es decir, el objetivo de la acción de los agricultores es manifestar una disconformidad, no sabotear el sistema productivo nacional”.
Ambos agricultores fueron liberados. Rodríguez recibió libertad plena el 20 de junio y Barazarte fue liberado este 21 de junio, confirmó la organización no gubernamental Espacio Público, a través de su cuenta de Twitter.
No fue un saboteo
Rodríguez alegó que la acción de estos agricultores no fue un saboteo o “boicoteo deliberado” a la distribución de los alimentos. Por lo tanto, consideró que es necesario “probar la mala intención” vinculada a ese delito.
Adicionalmente, dijo que tales detenciones fueron arbitrarias porque su objetivo principal es criminalizar la protesta pacífica y no de restituir el orden de la cadena de producción.
“No basta sencillamente con decir que se está impidiendo esto (la distribución) y que se abra un proceso judicial al respecto. Hay que probar”, manifestó la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
Boicoteo del Estado
El origen del problema de la distribución de alimentos no se debe a que los agricultores boten las cosechas. Esa es una forma de denuncia ante las consecuencias generadas por la falta del surtido de la gasolina, según Rodríguez.
En ese mismo sentido, sostuvo que como la distribución y manejo de la gasolina la monopoliza el Estado, es su obligación garantizar el abastecimiento de la misma.
Indicó que el Estado impide, ya sea por acción u omisión –independientemente de las causas–, el acceso a la gasolina y, por lo tanto, “boicotea” de alguna manera toda la cadena de distribución de alimentos.
La Ley Orgánica de Precios Justos, aprobada en 2014, establece en el artículo 53 que quienes lleven a cabo acciones o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios serán sancionados con prisión de 12 a 15 años de presión.
En un reportaje realizado para Crónica.Uno en el estado Táchira, agricultores expresaron su preocupación ante la escasez del combustible en esa localidad.
“Estamos nuevamente en emergencia porque no hay gasolina. Por lo que se corre el riesgo de que se pierdan las cosechas que debemos llevar hacia Caracas o hacia otras regiones”, explicó Gerson Moncada, agricultor del estado Táchira.
Rodríguez señaló que en ocasiones anteriores el delito económico de boicot se utilizó para entorpecer la libertad de expresión. En específico se refirió a los casos de protestas que se relacionaron con cierres de vías porque “interfierían con el traslado de alimentos”.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) solicitó al fiscal Saab la liberación de los dos productores por deshacerse de mercancía que no pudieron trasladar desde los Andes hasta el centro del país por falta de combustible.
“Señor fiscal, no hay nada más frustrante para quien trabaja venciendo obstáculos y dificultades: financiamiento, vialidad, guías de movilización, servicios, inseguridad, precios, matracas, etc; que entender que después de producir y cuidar sus productos, intentar sin éxito alguno poder colocar sus cosechas”, se lee un documento firmado por Armando Chacín, presidente de la federación.
