Ya resultaba cosa rara, que a pesar de que el precio del dólar traducido en bolívares, el cual se ha mantenido por varias semanas fluctuando entre los 4,40 y 4,60, no haya disparado los precios de los productos de la cesta básica durante ese lapso; sin embargo, no ha pasado ni una semana desde que el presidente Nicolás Maduro anunciara el aumento del salario mínimo, para que varios comercios regionales cerraran puertas y con la saña característica, proceder a remarcar precios y cambiar las etiquetas de manera artera e inmisericorde.
Esta irregularidad está ocurriendo en los últimos años en todo el país y ha agravado aún más la nefasta hiperinflación que nos ha llevado al una bancarrota general, sin que Trujillo sea la excepción.
A pesar de que la escasez de productos de la canasta básica se ha reducido significativamente desde el 2021, no menos cierto es que el poder adquisitivo del pueblo ha ido deteriorándose de manera exagerada, a tal punto de que la carga inflacionaria es muy difícil de enfrentar con salarios que apenas superan los tres dólares.
Especulación galopante
No se equivocan quienes denuncian, que Venezuela vive la peor de las crisis social y económica de su historia, incluso superando las consecuencias derivadas de las guerras de independencia ( 1810-1821) y Federal.
Nuestro país, de manera paradójica, es uno de los más ricos en recursos naturales y mineros del mundo; no obstante esa riqueza no se ha traducido en bienestar colectivo y extrañamente los ingresos del pueblo y los trabajadores no se corresponden en nada con la posición económica de una nación evidentemente rica.
Pero la otra paradoja es infaltable y no falla cuando de especulación se refiere, toda vez que muchos son los comerciantes inescrupulosos que han visto como una ocasión de oro la irregular fluctuación de la moneda norteamericana, la cual a pesar de ser negada por el gobierno, ha pasado a controlar todo lo relativo al mercado, esencialmente la oferta y la demanda.
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En nuestra región se ha producido todo un boom general tras la aparición de cientos de nuevas pequeñas empresas, la mayoría comercios de víveres y los minimarkets, muy de moda como alternativa de sobrevivencia económica para quienes se arriesgan, en un país donde no existe garantía para los inversionistas .
En DLA ya hemos recibido denuncias reiteradas de comercios y abastos que han cerrado puertas de manera momentánea con la finalidad de ajustar los precios en ciudades como Valera y Trujillo, aumentados en márgenes intolerables para la población más vulnerable y de menor ingreso.
Demostrado está, que los organismos de protección y defensa del consumidor poco o nada han hecho por detener el auge especulativo; incluso el Sundde no ha podido, salvo esporádicas jornadas, poner en cintura a quienes arremeten contra el ya super deteriorado bolsillo del pueblo.
El más claro ejemplo de lo que aquí afirmamos, tiene que ver con los comercios chinos, los cuales remarcan etiquetas de forma permanente cada vez que se «olfatea» el pago de algún beneficio para los empleados públicos, tal como esta ocurriendo con el nuevo aumento salarial, cuyo impacto sería más positivo que negativo si se continúa permitiendo que los hambreadores del pueblo hagan con los consumidores lo que les venga en gana.
No se trata tampoco de una simple supervisión periódica y de tomarse «un refresquito» con los dueños de locales comerciales y abastos, sino de sancionar a quienes haya de sancionarse de manera ejemplar, todo en defensa del equilibrio y el bienestar de un colectivo que no aguanta ya tantas agresiones y abusos.
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Por: Gabriel Montenegro
