Fue en agosto de 2015 cuando unos 25.000 colombianos salieron a la fuerza de lo que eran sus hogares, después de haber sido culpados de paramilitares y como los responsables del asesinato de tres funcionarios de las Fuerzas Armadas Venezolanas. La mayoría de ellos estaban en Venezuela en calidad de refugiados, por haber sido víctimas del conflicto armado en Colombia, sin embargo, sus derechos no valieron, y todos, sin importar razones fueron sacados a la fuerza.
La era digital dejó resguardadas en la web las imágenes de miles de colombianos (algunos con hijos nacidos en Venezuela) que cruzaban entre las aguas del río Táchira con neveras, cocinas, camas y hasta gallinas sobre sus hombros, intentando rescatar la vida que tenían y que se les estaba esfumando por un anuncio presidencial.
Las viviendas fueron marcadas por los funcionarios militares y policiales en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, con R de revisado y D de demolición, mientras que algunos hombres habían sido detenidos, y mujeres y niños que habían sido alcanzados por las fuerzas de seguridad, estaban siendo deportados.
Sobre esta vivencia, Yvonne Riaño, profesora del Instituto de Geografía de la Universidad de Neuchâtel en Suiza, realizó una investigación de la cual surgió un documental, con el fin de dar conocer qué están haciendo los ciudadanos colombianos deportados, cómo se desarrollan desde lo económico y social, y qué oportunidades han tenido desde aquel momento.
El documental, que ya fue presentado en Suiza, fue proyectado el pasado lunes 6 de febrero en la Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Allí Diario de Los Andes tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los protagonistas de esta historia.
“Renovar situación de los retornados”
La principal intención de Yvonne Riaño con la presentación de este documental titulado: “Tejiendo entre fronteras”, dividido en tres capítulos que relatan tres historias de deportados, es mostrar la situación en que se encuentran los retornados en Colombia, con el fin de que puedan recibir apoyo.
El estudio de tipo cualitativo tuvo la participación de 30 entrevistados, ubicados en la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, quienes hicieron talleres de tipo participativo sobre trayectorias de migración, y mapas mentales para que cada uno hiciera un dibujo de lo que aspira lograr con su emprendimiento.
“En este caso es un retorno por deportación forzosa de Venezuela. Sobre este tema no tenemos investigaciones, sobre el caso de los deportados no existe prácticamente nada, entonces yo tenía la voluntad de documentar cómo fue la situación, cómo se han insertado los retornados, en qué situación se encuentran, y hemos venido trabajando los últimos tres años con Deredez, con Ana Teresa Castillo… Creemos que los resultados de investigación, una de las mejores maneras de darlos a conocer es a través de instrumentos como el documental. Muchas veces los académicos publicamos nuestros trabajos en revistas que nadie conoce, que nadie tiene acceso, pero la idea con el documental es darles la palabra a los protagonistas, a los emprendedores”, explicó.
Recordó que los deportados luchan en un contexto de frontera de violencia armada, de indiferencia del Estado, de conflicto geopolítico, por lo que espera contribuir con su investigación en garantizarles un futuro menos vulnerable. “Hay un potencial enorme, tienen mucha experiencia, la migración les dio mucha experiencia a que se contribuya también en el proceso de paz, para que puedan vivir con mayor tranquilidad, y haya una mayor prosperidad en zona de frontera”, dijo.
Sin acceso a datos
El acceso a cifras por parte de las autoridades colombianas para conocer cuántos de los 25.000 colombianos deportados habían recibido apoyo del programa de retorno fue nulo, a pesar de que Yvonne Riaño contaba con una carta de recomendación de la Embajada de Colombia en Suiza.
“El acceso a la información del Ministerio es muy difícil, fui muchas veces al Ministerio, me prometieron información porque ellos tienen un programa para apoyo al retorno, tuve muchas reuniones, tuve carta de recomendación de la Embajada colombiana en Suiza, y a pesar de todas esas reuniones nunca recibí la información”.
La cooperación alemana, GIZ, si le suministró datos, pues dan créditos a ciudadanos retornados, quienes no tienen que pagar grandes intereses y cuentan con acompañamiento.
“Las otras cosas que he descubierto es que hay un apoyo al emprendimiento en Colombia que se llama Programa de Apoyo al Retorno productivo, pero ese programa tiene una orientación más hacia personas que tienen grados universitarios, que están en la capacidad de lo que se llama innovación tecnológica, están pensando en ingenieros que vienen de Alemania, pero en los pequeños microemprendedores como la gente que trabajaba en Venezuela, los colombianos que aprendieron mucho, que tuvieron negocios, los programas no están orientados para ellos”, dijo.
Precisó que para estos créditos exigen un fiador o un pasado crediticio que los migrantes no tienen porque han estado fuera del país, por lo que considera que deben repensarse los programas de apoyo a las personas que retornan, porque no todos tienen formación, pero si experiencia para emprender.
La investigadora Yvonne Riaño considera que la frontera entre Colombia y Venezuela cerrada en agosto de 2015 debe abrirse definitivamente, con términos claros y luchando contra la corrupción. “Porque desafortunadamente las personas que tienen sus trabajos de emprendimiento y que importan mercancías de un lado a otro tienen que pagarles a los guardias de frontera, a la policía, lo cual no solamente no es justo, sino que endurece aún más la vida de estas poblaciones”.
Agrupa a 1.200 deportados
Ana Teresa Castillo fue víctima del conflicto armado, violencia de género, trata de personas y deportada del 2015. Actualmente presidente la Asociación Deredez, que agrupa las víctimas de la deportación y el desplazamiento forzoso, y es una de las protagonistas del documental.
“A los deportados nos sacaron, no nos dieron nada y eso era como un desplazamiento. Migración se hizo cargo, Cancillería, pero se han vulnerado todos los derechos. En la organización tenemos 1.200 personas deportadas de 2015 con todos sus datos y los de su familia. Ha sido una labor que hemos tenido junto a Walter Márquez y la estamos presentando ante la Corte Penal Internacional”, destacó.
Castillo vivía en Mi Pequeña Barinas, una invasión que tenía años funcionando en la localidad de San Antonio. Pasó cinco días en su casa sin asomarse, para evitar que los sacaran, pero cuando llegaron los funcionarios de la Guardia fueron deportados. “Yo le mostré el papel de refugiado, y dijeron que eso sirve para limpiarse el síes, y a muchos se los rompieron”.
Ella pasó varios días durmiendo cerca de las orillas del río Táchira, porque siempre ha sido líder social y no quería abandonar a los colombianos que están enfrentando esa situación. “Quedé con 480 personas en el río, porque los albergues se colapsaron”.
Precisó que el gobierno colombiano les dio tres meses para pagar vivienda, pero no oportunidades de trabajo, ni de emprendimiento. A quienes tenían familiares en el interior del país les dieron oportunidades de traslado.
“Unas personas que pierden todo, les tumban el rancho, a las mujeres las tratan de prostitutas, a los hombres los tratan de paramilitares, las casas nos las marcaron, es una cosa dura que nos sucedió en Venezuela. A muchas mujeres las violaron, muchas cosas. Mucha gente en el río, lloviendo. La Cruza Roja, las organizaciones internacionales nos ayudaron, los comerciantes de La Parada nos ayudaron… La Guardia allá se robó muchas cosas, en las casas se robaron la mayoría de cosas buenas que habían, se las robaron”.
Ante la CPI
Por su parte, el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, aclaró durante su intervención en la presentación del documental que el cierre de frontera de agosto de 2015 no fue por combatir a los paramilitares, porque ya desde el 2009 el gobierno venezolano voló puentes en las cuentas altas del río Táchira, y desde agosto de 2014 habían cerrado la frontera de noche, además de que el gobernador del Táchira para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora, hizo marchas solicitando al gobierno venezolano el cierre de la frontera con Colombia.
“Estamos documentando los casos para ser enviados antes del 7 de marzo a la Corte Penal Internacional que dio un lapso para oír a las víctimas. Celebro esta iniciativa de la profesora Yvonne Riaño, y sugiero que este documental sea enviado a la Fiscalía de la Corte Penal para que sea anexado a su expediente”.
Tanto Riaño como las tres mujeres protagonistas de los testimonios presentados en el documental, seguirán exponiendo esta situación en donde sea posible, con el fin de recordar las dificultades que enfrentaron y siguen enfrentando los deportados por el cierre de frontera del año 2015 entre Venezuela y Colombia.