Transcurrido año y cinco meses de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, las poblaciones de Ureña y San Antonio del Táchira no se han visto favorecidas, más allá del paso libre por los puentes internacionales, pues desde el punto de vista comercial y de servicios públicos no hubo reactivación, cada vez hay más comercios cerrados y la industria está siendo golpeada por los constantes racionamientos eléctricos y la falta de inversión pública.
El entusiasmo que había en los habitantes y comerciantes de estas poblaciones con la apertura de frontera se desvaneció, pues en pocos meses se dieron cuenta que los ciudadanos colombianos poco cruzan a estas poblaciones, y de que los venezolanos buscan es comprar en Cúcuta, departamento Norte de Santander, Colombia.
Desde septiembre de 2022, cuando se abrió la frontera, a febrero de 2024, decenas de negocios han cerrado en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira. Recorrer sus calles comerciales, es como leer la novela “Casas Muertas” de Miguel Otero Silva. Es recordar y anhelar aquella economía activa, productiva y competitiva, que atraía no sólo al mercado venezolano, sino al colombiano, en medio de una moneda fuerte y favorecedora.
Edy León Vergel tiene 67 años de edad, es habitante de San Antonio. Relató que darle la vuelta a la manzana en los alrededores de la plaza Bolívar de San Antonio, es darse cuenta que tan sólo trabajan 2 de 10 comercios existentes. A su parecer se debe a que el poder adquisitivo ha decaído y a que los puntos de venta para pago en bolívares se caen con los apagones constantes.
“Al no tener poder adquisitivo, la cosa se pone fea y el trabajo ha disminuido demasiado. Lo que nos da miedo es que se sigue yendo gente y las familias se están perdiendo, pero ¿qué van a hacer aquí si no hay trabajo? Yo le pido a mi Dios todos los días que los gobernantes de Colombia y Venezuela tengan un poco de conciencia y reactiven la economía como es”, expresa.
Aplaude la apertura de frontera porque ya hay transporte público para cruzar a los ciudadanos y no hay que pasar por las trochas, pero lamenta que San Antonio del Táchira esté deprimido económicamente desde hace siete años.
Juan Sánchez de 52 años de edad tiene un negocio de venta de repuestos. Manifestó que ha sido difícil levantar los negocios después de la apertura de frontera, y aunque para el mes de diciembre de 2023 esperaban más movimiento y recuperarse económicamente, no fue posible, no hubo afluencia de compradores, todos cruzaban a Cúcuta. “Esperábamos diciembre para salir de esa pobreza que hemos tenido estos años, pero la afluencia grave, muerta”, agrega.
“Deben darnos seguridad y servicios”
Lili Contreras tiene un negocio de venta de víveres, charcutería, artículos de aseo para la casa y de aseo personal en el centro de San Antonio del Táchira. Asegura que desde la apertura de la frontera las ventas han disminuido en más de un 70%, porque no se ha priorizado la producción en Venezuela ni se le ha dado seguridad a los venezolanos y a los ciudadanos colombianos, para que se queden en el municipio Bolívar.
“Pienso que las autoridades deben darle seguridad a las personas que vienen o quieren venir a comprar. Aquí pasó en estos días que un señor vino y dijo que él no venía a comprar, ni pasaba en su carro, porque en Cúcuta les decían que los guardias, la policía, los extorsionaban entrando. Entonces la gente tiene miedo porque se ha creado o se ha visto en algunas oportunidades que los efectivos de seguridad pues no actúan como es, entonces a la gente le da miedo, le da miedo pasar, eso es lo que pasa. Por eso gente de allá no se atreve a pasar a comprar acá”, expresa.
La comerciante indica que colombianos buscan en los abastos y supermercados venezolanos galletas, chocolates, diablitos y los productos de Polar. “Pero a veces, aunque han bajado los precios, siguen siendo un poquito más caros aquí que allá. Claro, la calidad es muy superior con el producto venezolano”, afirma.
Tiene 11 años con su negocio y recuerda que en aquel momento no tenía mucha mercancía, sin embargo, fue creciendo tanto que de allí pudo comprar casa y carro, pero después del cierre de frontera y su reciente apertura lo que gana es para comer, para vivir. “Ya no me da para comprar que si una casa, que, si antes viajábamos, ya no puedo viajar. Ya no puedo salir a pasear, un viaje una semana con mi familia, no puedo cerrar el local una semana, nosotros de lunes a lunes. Yo trabajo de nueve de la mañana a nueve de la noche”, dice.
El costo de los servicios públicos también afecta a Lili. Los racionamientos eléctricos son constantes y el agua llega una vez al mes, del último servicio debe tres meses y tiene que pagar 1 millón de pesos colombianos, a pesar de que no lo disfruta. “A veces son dos cortes de cuatro horas y ya se me dañó el protector de la nevera, menos mal que lo tenía porque se me hubiera dañado la nevera”.
A esto le suma el costo de los impuestos municipales y las visitas del Seniat, que a su parecer hacen cada vez más difícil mantener un negocio abierto.
“Depende de múltiples factores”
Para el presidente de la Cámara de Comercio del estado Táchira, Yionnel Contreras, la activación de empresas en el eje fronterizos depende de múltiples factores, principalmente de la inversión, de volver a generar la confianza necesaria, volver a generar expectativas de crecimiento, de discutir los impuestos y de que los colombianos puedan registrar empresas en Venezuela.
Estima que en 2024 la paralización en el tejido industrial de San Antonio y Ureña está por el orden del 68%, contrario a lo que ocurre en las zonas industriales de San Cristóbal, La Fría y La Grita donde las empresas están trabajando a unos niveles superiores al 70%, debido a la activación del bolívar como moneda hacia el interior de Venezuela.
Considera que el elemento positivo de 2023 al lado de 2014 es la seguridad. “Los empresarios de la frontera pues nos sentimos de una u otra manera cómodos y seguros de poder transitar, pero hay que generar valores de confianza, capacidad para atraer inversión Y tenemos que empezar a promocionar nuestra frontera nuevamente desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista turístico, para que esta esta frontera se vuelva a activar como en otrora. Es un esfuerzo titánico que tenemos que hacer”, asegura.
Destaca entre los factores en contra está que los propietarios de las empresas que fueron cerradas en 2014, eran ciudadanos colombo- venezolanos, tenían ambas cédulas, por lo que migraron sus inversiones a Cúcuta o establecieron empresas espejo con el mismo modelo de negocios, con la misma funcionabilidad, en el mismo ramo, y ahora tienen un sector de mercado cautivo al cual le están vendiendo y tienen capacidad de producción.
“Obviamente después de tantos años pues volver otra vez a un sitio donde no están todavía muy claras las condiciones de inversión, donde no pueden ni siquiera acudir a un registro público para poder colocar las empresas a su nombre, pues es bastante complejo. Nosotros estamos en la en la obligación como Cámara de Comercio e Industria del estado Táchira de comenzar a generar todas las expectativas, la promoción y las condiciones para que estas zonas industriales y el comercio en esta zona de la frontera se vuelvan a activar”, detalla.
Contreras enumera entre las aristas que se deben trabajar, lograr un mecanismo de pago eficiente entre Venezuela y Colombia con el que los empresarios puedan acceder a materias primas en Colombia sin tener que pasar por las casas de cambio, convertidas en un centro de especulación; y la homologación de los permisos, es decir, que los empresarios venezolanos puedan acceder al mercado colombiano sin más limitación que los permisos otorgados por las autoridades venezolanas, y que los importadores venezolanos que llevan mercancías a Colombia puedan transitar por el territorio nacional sin otra limitación que los permisos dados por las autoridades colombianas.
“Estamos presionando y estamos pidiendo el ingreso nuevamente de Venezuela a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, que era el mecanismo por el cual se hacían este tipo de transacciones. Venezuela accedía a cualquiera de los de la Comunidad Andina, de los países andinos sin ninguna otra limitación que los permisos y los registros emanados de las autoridades venezolanas, y por eso podíamos vender nuestros productos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia”.
Los racionamientos de energía eléctrica también son otro factor en contra, pues las empresas van por lo general a pérdida por tener que pagar operarios para que estén sin trabajar, ya que las mayores horas de operatividad son en la mañana y cuando hay racionamiento no hay trabajo. “Eso les hace milla a las finanzas de cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, no solo en Venezuela”, agrega.
Para la Cámara de Comercio e Industria es un requerimiento urgente la compra de electricidad a Colombia, para mantener las empresas en funcionamiento constante, para que los hoteles funcionen plenas condiciones, para que los licoreros puedan tener todos sus cuartos fríos en óptimas condiciones, para que el circuito de supermercados y restaurantes, y de todo esto que necesitan cadenas de frío en la industria primaria o agroindustria, principalmente en las industrias de la leche puedan operar sin pérdidas.
“No hay incentivos económicos”
La inexistencia de incentivos económicos, del funcionamiento de la banca privada y pública, de instituciones financieras que apoyen a los comerciantes y a los empresarios para fortalecer esta actividad comercial, ha sido uno de los motivos del fracaso del lado venezolano de la frontera, según el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Carlos Palencia.
“No hay políticas crediticias. En cambio, vemos que del lado de Colombia hay un comercio pujante, incentivos económicos para los comercios, para los procesos industriales, con intereses muertos, entre otras tantas cosas. Aquí no hay intereses de ningún tipo, aquí sencillamente no hay créditos, no hay incentivos para los empresarios que quieren reactivar la frontera, quieren volver nuevamente a la frontera más activa de América Latina, donde las transacciones anuales eran por encima de los 8 mil millones de dólares anuales. Ahorita no hemos llegado ni a 800 millones de dólares”, resalta.
El hecho de que no exista una tasa de cambio oficial para las tres monedas, indica que también está afectando a los industriales, por lo que propone crear un mecanismo de pago binacional para impulsar ese comercio, para que se potencien las empresas, para que puedan recibir pagos de Colombia.
“Estancados”
Tan solo un 8% del comercio de San Antonio está activo transcurrido año y medio de la apertura de la frontera, según el exalcalde del municipio Bolívar, William Gómez, quien indicó que tan sólo 20 establecimientos de venta de comida están abiertos, mientras que las industrias de manufactura como la zapatería, el sector textil, cerámica, tabaquería y marroquinería que elaboraban productos para el mercado nacional y para el comprador colombiano ha mermado.
“El comercio está totalmente favorable hacia el lado colombiano. La ciudad de Cúcuta es la que en estos momentos recibe prácticamente la balanza comercial en un más del 95% favorable a ellos, ya que todos los productos que se ven en San Antonio del Táchira y Ureña o la reposición de inventarios son productos colombianos, y por ende el colombiano que era el principal comprador de esta zona no va a venir a comprar sus mismos productos”, dice.
Destaca que el costo de los servicios públicos en la zona ha terminado de impactar y afectar la operatividad de estos comercios, ya que aumentaron en un 2 mil por ciento y los comerciantes tienen que producir más de 2 millones y medio de pesos o unos 300 dólares para mantener un local abierto.
“Un comerciante en un local pequeño tiene que producir aproximadamente de 500 a 600 dólares para poder solo mantenerse abierto, cuestión que en estos momentos no lo está produciendo ni siquiera para el pago de estos productos y van a perdida y tienen que cerrar”.
William Gómez considera necesario estructurar la Ley de Fronteras, ya que la actual fue hecha vía decreto y con una visión militarista, sin tomar en cuenta los aspectos de los pueblos fronterizos para lograr la dinamización y el impulso económico.
“Definitivamente tienen que nombrarnos zona económica especial o una zona de libre comercio e industria, esto pues generará un marco que proyectará la zona dándole un impulso y una condición especial al empresario, al productor, al comerciante, generar atractivo”, indica.
Ciudadanos, comerciantes, representantes de gremios, analistas de frontera y dirigentes políticos esperan que las reuniones que anuncian Colombia y Venezuela no sirvan solo de proyección en el marco de una posible campaña electoral, sino que finalmente terminen en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, para que la frontera entre el estado Táchira, Venezuela y el departamento Norte de Santander, Colombia, vuelva a ser la más viva de América Latina, y no solo quede en el recuerdo y en el sueño de los venezolanos.
