La Fiscalía le emplaza a comparecer el lunes 16 a tribunales que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia «podrá convertirse en orden de detención»
Alvarado fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional española, tras haber sido rechazada su solicitud de hacerlo por videoconferencia o comisión rogatoria y después de que el 26 de febrero se tuviera que posponer su comparecencia al alegar problemas de salud que le impedían desplazarse a España sin sufrir «un grave riesgo vital».
Ahora el juez remite al informe forense aportado a la causa el 21 de marzo, que considera a Alvarado «un paciente médicamente estable» y descarta «contraindicaciones formales para volar», según consta en el auto al que tuvo acceso Efe.
Por ello, le emplaza para el lunes 16 y apercibe que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia «podrá convertirse en orden de detención».
Alvarado cerrará la ronda de declaraciones de los investigados, entre los que figuran los dos últimos presidentes de la compañía española, Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Del Valle, que defendieron la legalidad de los acuerdos y negaron haber entregado 105 millones de dólares (89 millones de euros) al ex vicepresidente de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, actualmente en prisión provisional.
Unos hechos que fueron refutados por el propio Villalobos ante el magistrado, al que relató que su relación con Duro Felguera, iniciada en 2011, se limitó a aspectos «básicamente informativos» sobre ingeniería y posibles cambios legislativos que pudieran afectar a la empresa.
Respecto a su retribución, sostuvo que aunque cobraba una elevada comisión de 5,5 %, la heredó del contrato inicialmente suscrito entre Duro Felguera y la multinacional española Técnicas Reunidas (Terca), entonces presidida por Luis Barrios, también investigado.
El pasado septiembre la Fiscalía española denunció a todos ellos ante el juez por presunto cohecho internacional y blanqueo a raíz de una investigación de 2015, posterior al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
La querella advertía de tres acuerdos, el primero firmado en diciembre de 2008 con Barrios al mando de Terca y paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento y asistencia técnica prestados a Duro Felguera para la construcción de la central termoeléctrica.
Ya en 2011 Terca, «debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados», cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son copropietarios Villalobos y su esposa.
El relato también incluye a la ex abogada del Ministerio de Energía de Venezuela Julia Van den Brule, señalada por haber recibido presuntamente un pago de 70.000 euros en 2009, quien en su comparecencia aseguró que no estaba al tanto de nada y que no tenía capacidad de decisión alguna.