Madrid, 27 ene (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España en situación irregular, una medida dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia en el país hasta finales del pasado diciembre y que se cree que beneficiará a medio millón de personas.
Para la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un «día histórico», que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir «con igualdad de derechos y oportunidades».
La reforma es fruto de un acuerdo alcanzado por el Partido Socialista (PSOE), el partido gobernante, con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que recabó más de 700.000 firmas para lograr este objetivo haya estado más de un año bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, lo que le permite esquivar la falta de apoyos.
El conservador Partido Popular, de hecho, tachó este martes de «ilegal» esa regularización y consideró que es un llamamiento «a las mafias» para que sigan llevando a gente a España, mientras que el ultraderechista Vox avanzó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.
Como beneficiarios, todas las personas en situación administrativa irregular que hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que presentaran su petición antes de entonces, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.
El padrón municipal u otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, servirán para acreditar ese tiempo de residencia.
El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero la mera admisión de la solicitud, que puede demorarse unos 15 días, permitirá a la gente trabajar desde el primer día.
El Ejecutivo prevé que puedan empezar a presentarse las solicitudes en abril y en el momento en que ese trámite tenga lugar quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre los solicitantes.
La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá acceder al mercado laboral y a una vivienda, recibir atención sanitaria con normalidad o viajar sin miedo a una posible multa o expulsión. Pasados esos doce meses podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
No es la primera vez que tiene lugar en España un procedimiento de este tipo. La última se produjo en 2005, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), pero desde los años ochenta ha habido al menos otras seis.
Incertidumbre policial y apoyos en el sector primario
Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, Jupol y CEP advirtieron este martes de un riesgo de colapso en las unidades de Extranjería ante esa regularización «masiva» de migrantes, mientras que desde ámbitos como la hostelería se ha pedido que vaya acompañada de programas de formación para avanzar en la profesionalización de esas personas.
Entre quienes han recibido la iniciativa con su visto bueno están organizaciones del sector primario. «En este momento, tener profesionalidad y personas que puedan trabajar en el campo es una necesidad», se dijo, por ejemplo, en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
A su vez, en la Conferencia Episcopal Española (CEE) se cree que es un acto «de justicia social». En opinión del presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, Fernando García, «sirve para poner luz y esperanza» a la situación de muchos migrantes.
Sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) también expresaron su satisfacción, considerando que esta regularización es imprescindible y solicitando que se efectúe con rapidez.
El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) calculó este pasado lunes que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular ronda las 840.000 personas. Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total.
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