Caracas, 6 jun (EFE).- En Venezuela se registraron 30 violaciones a la libertad de expresión en mayo, 20 más que en abril, cuando se documentaron 10, informó este viernes la ONG Espacio Público.
«Documentamos desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, restricciones al trabajo periodístico y criminalización del trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos», señaló la organización en el boletín publicado en su página web.
Espacio Público dijo haber documentado 17 víctimas, siendo los principales responsables de los casos de violaciones a la libertad de expresión los «cuerpos de seguridad (9) e instituciones del Estado (4)».
«En mayo aumentó un 160 % el número de casos y se mantuvo el patrón de persecución, con especial énfasis en la censura impuesta por diferentes vías», añadió.
La ONG indicó que durante las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo registró «impedimentos al trabajo periodístico y agresiones contra trabajadores de los medios».
«En general, hubo una disminución de casos en relación con otros procesos electorales, pero también registramos un descenso en la cobertura, motivado al miedo y la persecución por expresión durante los meses anteriores a los comicios», sostuvo.
Asimismo, dijo que el mes de mayo cerró un clima de «intimidación generalizada, censura y amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismos en defensa de derechos».
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«La represión se mantuvo como mecanismo principal del Estado para limitar el espacio cívico y controlar el discurso público en el marco de un proceso electoral sin garantías. La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela», apostilló.
Espacio Público recordó que el pasado 23 de mayo fue detenido el periodista Carlos Marcano, quien trabaja con organizaciones de la sociedad civil.
«Fue sacado a la fuerza de su casa por funcionarios del Estado y ha estado incomunicado de sus familiares y amigos, violando el derecho al debido proceso y la garantía de comunicación con abogados», explicó.
Durante esa misma semana, prosiguió, fueron detenidas más de 70 personas en distintos estados del país, «sin que se presentaran pruebas que justificaran los arrestos».
«Las autoridades alegaron una supuesta conspiración contra el proceso electoral del 25 de mayo. Entre las víctimas hay defensores de derechos humanos, activistas políticos, periodistas y ciudadanos extranjeros», agregó.
Ese 23 de mayo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció la detención del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, luego de un operativo de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo «boicotear» los comicios del 25 de mayo.
Días después, Cabello vinculó a las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible con esta presunta trama que buscaba, dijo, atacar las sedes diplomáticas de España, Francia, Colombia y oficinas de la ONU.
