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Organizaciones de derechos humanos y testimonios de familiares confirman que los detenidos han sido sometidos a procesos arbitrarios, sin acceso a una defensa privada ni garantías procesales
Por el equipo de Medianálisis, Cotejo.info y OVFN
Sairam Rivas, trabajadora social y miembro del directorio de Bandera Roja, ha denunciado públicamente que en Venezuela se están violando los derechos a la defensa de los 1.834 presos políticos registrados por Foro Penal entre el 29 de julio y el 16 de septiembre de 2024.
Esta afirmación fue realizada durante una entrevista en La Conversa de ARI (Alianza Rebelde Investiga) y se refiere a las detenciones masivas de opositores tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Se trata de una verdad corroborada mediante el análisis del discurso público realizado por el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN).
Rivas afirmó que, además de la represión sistemática y la falta de publicación de los resultados detallados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobierno de Nicolás Maduro ha superado en represión a regímenes como el de Pinochet en Chile, empleando tácticas de intimidación como la destitución de fiscales y las detenciones arbitrarias basadas en mensajes críticos hacia el gobierno, incluso en plataformas como WhatsApp.
Tras consultar la legislación venezolana oficial y vigente, así como los casos documentados por oenegés nacionales e internacionales, con testimonios de familiares y abogados, se determinó que sí se ha violado el debido proceso con detenciones arbitrarias, incomunicación, incumplimiento de lapsos de presentación e impedimento de defensa privada a los detenidos que contabiliza Foro Penal.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal han registrado nuevos patrones represivos en Venezuela, destacando la pre-calificación de delitos sin previa investigación penal y el impedimento a los detenidos de contar con una defensa privada. Estos hechos violan tanto la Constitución venezolana, que garantiza la inviolabilidad de la libertad personal y el derecho a la defensa, como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Por otra parte, la ONG Defiende Venezuela y testimonios de familiares de detenidos confirman la violación de garantías procesales, incluyendo el derecho a ser asistido por un abogado de confianza. Además, se han reportado detenciones de menores de edad en centros de detención para adultos, lo que incumple la legislación de protección infantil vigente.
Según Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, esta crisis ha agravado las detenciones arbitrarias, al impedir a los detenidos escoger su propia defensa y ser acusados sin previa investigación de delitos graves, como terrorismo. Las denuncias están respaldadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha condenado las violaciones al debido proceso en Venezuela.
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En conclusión, la afirmación de Sairam Rivas sobre la violación del derecho a la defensa de los presos políticos en Venezuela está sustentada por múltiples fuentes y organizaciones que han documentado un patrón creciente de violaciones al debido proceso y los derechos humanos tras las elecciones de julio de 2024.
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