De acuerdo con el monitoreo de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Trujillo (OVV Trujillo), durante los meses de enero y febrero se registraron 20 víctimas fatales, lo que corresponde al 44,4% del total de los hechos de violencia registrados en la entidad trujillana en ese lapso.
Entre las 20 muertes violentas que se contabilizaron, 9 fueron por homicidios incluyendo un femicidio, lo que equivale al 20% de los casos. Éstos ocurrieron en los municipios Andrés Bello, Escuque, La Ceiba, Miranda, Pampán, San Rafael de Carvajal y Sucre. Entretanto, 3 fueron muertes que se encuentran en averiguación, representando un 6,6%, y 8 decesos que correspondieron al móvil de resistencia a la autoridad (17,7%).
Así lo dio a conocer Johny Humbría, coordinador del OVV Trujillo, quien señaló que el año 2021 sigue presentando altos niveles de violencia, mientras Venezuela vive la mayor crisis social de su historia. “La pandemia causada por el virus Covid-19 profundizó los niveles de pobreza y los indicadores sociales develan una realidad inminente en el cambio de conducta de los ciudadanos. La ya mermada economía venezolana del año 2020, sigue impactada este 2021 por las medidas gubernamentales para el control de la pandemia, aunado a que la cuarentena social incrementó el estancamiento de las actividades productivas que, aunado a los niveles de hiperinflación del país, empeoraron las condiciones de vida de los venezolanos. En ese contexto, para algunas personas, la violencia se ha convertido en un medio perverso de afrontar la crisis país”.
En tal sentido expresó, que, a un año del acatamiento de la cuarentena social, se siguen imponiendo semanas radicales a los venezolanos que restringen el libre tránsito dentro del territorio trujillano y sus límites; sin embargo, esto no detiene la acción de los grupos criminales que, buscando mantener sus ingresos producto del delito, se ingenian mecanismos que les garanticen conservar el control territorial de las zonas donde actúan.
Es así como se han registrado casos, como la muerte del ciudadano identificado como Ronald Báez Medina, de 31 años, quien fue presuntamente asesinado en el sector Doña Alicia Pietri de Caldera en el municipio Miranda por varios sujetos, quienes lo interceptaron con un arma de fuego y le propinaron varios disparos. Asimismo, en el sector Pueblo Nuevo de Sabana Libre del municipio Escuque, fue asesinado en la sala de su casa el ingeniero Mauro Moreno Castellanos, de 70 años. Su cuerpo fue localizado por sus familiares, atado con un mecate y con evidentes rasgos de violencia, según reseñas de prensa.
Humbría explica que las bandas criminales que actúan en el eje Panamericano siguen posicionando a los municipios Andrés Bello y La Ceiba como territorios muy violentos, manteniéndose la tendencia de años anteriores, donde aparecen dentro de los diez municipios más violentos del país. El caso del homicidio en su vivienda del ciudadano Juan Ramón Chirinos, de 77 años, en el sector El Gallo, que, según el monitoreo de prensa, le dispararon con arma de fuego y luego lo terminaron de asesinar a martillazos; es sólo uno de los hechos violentos cometidos este año 2021 en el municipio Andrés Bello. También allí, en sector El Jagüito, se registró el asesinato de la enfermera Liliana Sugeidy Becerra González, a quien sacaron de su casa, le propinaron múltiples disparos causando su muerte y seguidamente guindaron su cuerpo en un árbol, dejando con esa aberrada acción un mensaje subliminal de intimidación a los pobladores de la zona. En el municipio La Ceiba se registraron homicidios como el del ciudadano Carlos Javier Morillo Cañizalez, de 28 años, quien fue asesinado de múltiples disparos, en una parcela ubicada en el kilómetro 14.
Llama la atención -acota Humbría- algunas muertes violentas causadas en extrañas circunstancias, como el caso registrado en el sector Mirabel II del municipio San Rafael de Carvajal, donde presuntamente fue asesinado por sus padres un niño de 2 meses. Al momento de su detención, la pareja de nombre Marilyn Mendoza Hernández y Geovanni José́ Linares Rondón, se encontraba ingiriendo licor, mientras en el interior de la casa se hallaba el cadáver del niño. También se registró la muerte, en el municipio Sucre, de una niña de 4 años que recibió un impacto de bala en el abdomen. Las investigaciones determinaron que ésta fue causada por la manipulación de un revólver por parte del padrastro y la madre de la víctima.
El coordinador del OVV Trujillo explicó que han sido diversas las causas de los homicidios, pero las muertes violentas también han registrado casos de resistencia a la autoridad. Es así como se han monitoreado situaciones causadas por enfrentamiento con la Brigada Especial de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet), como, por ejemplo, la muerte en el sector Los Manguitos del municipio Valera, del ciudadano Mario José Contreras Espinoza, de 27 años, y que, según la prensa, tenía registros policiales por robo y hurto de vehículos. El ciudadano portaba un arma de fuego y una granada fragmentaria. En el sector Santa Lucía de Monay del municipio Pampán murió al resistirse a su captura, el ciudadano Jean Carlos Venegas Andrade, de 30 años, buscado por la policía por el delito de violencia sexual y amenaza. En Chejendé, municipio Candelaria, resultó muerto Miguel Aguilar Núñez, de 24 años, en enfrentamiento con las Fapet. Éstos, entre otros casos de muertes violentas por resistencia a la autoridad, fueron identificados por el OVV Trujillo.
Desde octubre del 2020 han ocurrido algunas muertes violentas en esta entidad andina, que se encuentran en averiguación. En esta categoría se registraron casos como la muerte de un ciudadano, cuyo cuerpo fue encontrado sin signos vitales en una vertiente del sector La Plata del municipio Valera, conocida como el Zanjón del Tigre. También se registró la muerte de un hombre sin identificar, localizado en una zona boscosa del sector Albarical del municipio Motatán, y la de Héctor Javier Torres Méndez, de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la laguna del Carrizal del municipio Boconó.
Finalizó Humbría señalando que en los municipios localizados en zonas rurales del estado, las medidas gubernamentales de cuarentena social no han tenido mayor incidencia en la población, puesto que son varios los grupos delincuenciales que comparten el control territorial de algunos municipios trujillanos sin vislumbrarse cambios significativos al respecto, por lo que la convivencia territorial entre los grupos delincuenciales y los cuerpos de seguridad del Estado que actúan en la entidad trujillana, solo podrá ser suprimida a través de un nuevo modelo de políticas públicas de seguridad ciudadana. (Prensa OVV Trujillo)
