Por Yandris Saldivia / Crónica Uno
Caracas. Whilfer Piña Azuaje, dirigente de La Causa R en el estado Monagas, fue detenido por presuntamente publicar en su estado de WhatsApp una amenaza en contra del mandatario Nicolás Maduro.
La Causa R señaló en su cuenta de X (antes Twitter), que presuntos funcionarios de la división de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron a su lugar de trabajo a bordo de una camioneta blanca sin placas. Desde entonces quedó aprehendido.
Tarek William Saab, fiscal general de la República –designado por la extinta ANC–, dijo que el mensaje publicado por Piña, en la aplicación de mensajería instantánea, fue el 11 de marzo, cuando el mandatario se encontraba de visita en Monagas.
“En Maturín será la muerte de Maduro”, decía el presunto mensaje, de acuerdo con lo relatado por Saab, este miércoles, 13 de marzo.
Saab indicó, en rueda de prensa, que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le incautó a Piña el teléfono desde donde divulgó la supuesta amenaza.
De acuerdo con el fiscal, al llevarse a cabo el vaciado del teléfono se encontró una supuesta conversación con Renzo Flores, sargento desertor de la Guardia Nacional Bolivariana, quien presuntamente respondió al estado de WhatsApp: “Tranquilo, relájate por eso, que por allí viene una sorpresa”.
“Los ciudadanos Piña y Flores serán presentados la tarde del miércoles 13 de marzo en Caracas, ante el Tribunal 4° contra Terrorismo, por los delitos de conspiración; asociación; magnicidio en grado de tentativa”, dijo Saab.
Información pública o interpersonal
De acuerdo con Espacio Público, entre 2020 y 2023 han detenido a 36 personas por publicar comentarios en contra de funcionarios, a través de las redes sociales y mensajería instantánea.
Carlos Correa, director de la organización no gubernamental (ONG), explicó que las redes sociales como X, Instagram y Facebook se usan para difundir información de manera pública. Mientras que los servicios de mensajería, como WhatsApp, son de comunicación interpersonal.
“Es importante que las personas reconozcan que no es igual la comunicación interpersonal que la comunicación de una red social. Una comunicación de una red social tú asumes que es pública. Aunque eso en líneas generales la gente no lo maneja conscientemente. Pero la interpersonal es distinta porque nadie tendría por qué ver la información que yo tengo, ya que es de carácter personal”.
Agregó que en Venezuela existe un ecosistema comunicacional deprimido, por lo que la gente utiliza WhatsApp como mecanismo de difusión.
“Se ha observado un aumento detención de personas por expresar críticas a los funcionarios gubernamentales a través de redes sociales y servicios de mensajería”, dijo.
Derechos Vulnerados
Correa explicó que el hecho de intercambiar mensajes con valoraciones críticas del Gobierno no es suficiente para decir que una persona quiere derrotar al Gobierno. Para acusar a un ciudadano del delito de conspiración debe probarse con más que una publicación en un estado de WhatsApp o en las redes sociales.
“Las detenciones basadas en mensajes intercambiados a través de WhatsApp, vulnera en primera instancia el derecho a la libertad de expresión de la persona que está siendo imputada y posterior el derecho a la libertad de expresión en lo colectivo, porque las personas tendrán miedo de hablar”.
Una vez detienen a la persona, también se violenta el derecho al debido proceso, pues en ocasiones no hay garantía para que tenga un juicio justo.
El pasado 25 de enero funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron al ciudadano Orlando Navas, a quien se le acusó de “instigación al odio” por dos publicaciones que hizo en la red social X (Twitter) dirigidas a un jugador del equipo de béisbol Tiburones de La Guaira.
Navas publicó los mensajes el mediodía del jueves, 25 de enero, y ya en la tarde funcionarios del SEBIN lo detuvieron mientras trabajaba en la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ubicado en el Centro Comercial Costa Azul de Coro, capital del estado Falcón.
La ONG Espacio público ha documentado cuatro casos de detención a personas por el uso de redes sociales y mensajería instantánea durante el primer trimestre de este año.