Bruselas, 16 jun (EFE).- El nuevo código de buenas prácticas para luchar contra la desinformación en internet que la Comisión Europea ha pactado con las grandes tecnológicas entró este jueves en vigor.
Se trata de una versión revisada de las normas voluntarias que se pactaron en 2018, a las que se han adherido compañías como Google, Meta, Twitter, TikTok y Microsoft, así como empresas de publicidad en internet y u organizaciones de la sociedad civil.
Según explicó hoy el Ejecutivo comunitario, el nuevo código de autorregulación «fortalece» la lucha contra la desinformación en internet, con medidas como garantizar que los difusores de noticias falsas no se beneficiarán de los ingresos publicitarios en la red.
También se promueve que los encargados de verificar la información que se publica en internet reciban un sueldo digno por su trabajo y que los académicos que investigan el fenómeno de las noticias falsas tengan un mejor acceso a los datos de las plataformas digitales.
Además, se da a los usuarios nuevas herramientas para que puedan detectar la desinformación en la red e identificar los anuncios de «marketing» político en internet, informando de quiénes son los responsables de este tipo de publicidad y cuánto han cobrado por ello.
«Este nuevo código contra la desinformación llega en un momento en el que Rusia está utilizando la desinformación como arma en su agresión militar contra Ucrania, y también en un momento en que vemos ataques contra la democracia», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
«“La desinformación es una forma de invasión de nuestro espacio digital, con un impacto tangible en nuestra vida diaria. Las plataformas digitales deben actuar con mucha fuerza, especialmente en el tema de la financiación. Difundir desinformación no debería aportar ni un solo euro a nadie», añadió el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.
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Los firmantes del nuevo código de buenas prácticas tendrán ahora seis meses para implementarlo y a principios del año que viene presentar un informe al Ejecutivo comunitario sobre cómo se está llevando a cabo.
Estas normas de autorregulación se incorporarán a la futura ley de servicios digitales que entrará en vigor en 2023, que obliga a las grandes plataformas a eliminar el contenido ilegal en internet si tienen conocimiento de ello.
