Caracas, 7 nov (EFE).- Enrique Márquez, excandidato presidencial antichavista pidió este jueves una audiencia con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en relación con los «presos políticos», sobre todo, con los detenidos en el contexto de crisis poselectoral, para abogar por ellos con miras a su libertad.
Márquez, según explicó en un video en X, entregó en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) una carta -respaldada por diversos dirigentes opositores- en la que solicita la audiencia ante la «preocupación» por «el estado de detención de varios ciudadanos, entre los que se encuentran menores de edad», quienes «requieren un tratamiento especial».
El objetivo será «exponer, en mayor detalle, la situación de cada uno de los detenidos» y proponer soluciones «justas y enmarcadas en el respeto de los derechos humanos y la ley venezolana».
En el video, el excandidato a los comicios del pasado 28 de julio explicó que se trata de una «audiencia importante» en busca de «la libertad de este conjunto de presos políticos», principalmente, de los menores de edad, un total de 69, con edades de 14 a 17 años, según la ONG Foro Penal, que computa 1.958 presos por razones «políticas», la gran mayoría tras las elecciones.
Estos «adolescentes se encuentran detenidos en cárceles comunes y nosotros consideramos que se tiene que hacer justicia en su caso a través de la libertad», expresó Márquez.
Según el también exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), la carta está respaldada por una variedad de partidos y dirigentes contrarios al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre los que mencionó líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) venezolano y del Partido Comunista (PCV), quienes coinciden en la «necesidad de hacer algo» para ayudar en favor de la liberación de este grupo de presos.
Una veintena de personas solicitaron este jueves a Maduro una «medida de gracia» que otorgue la libertad «plena e inmediata» a sus familiares, detenidos tras las presidenciales, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial -que dio una cuestionada reelección al mandatario- que dejaron, según cifras oficiales, más de 2.400 detenidos y 27 muertes.
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La Fiscalía señala a los detenidos de generar «violencia» y «vandalismo» durante las manifestaciones, y su titular recientemente aseveró que «no hay un solo niño detenido».
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