Caracas, 16 jul (EFE).- El Colegio de Enfermeros de Caracas y varios docentes reclamaron este viernes que no se aplique a menores de edad en Venezuela la vacuna cubana Abdala, que consideran que es todavía un «prototipo» pese a haber recibido su autorización para el uso de emergencia por las autoridades de la isla.
«Los niños son sujetos especiales de derecho y, hoy, en Venezuela, no podemos seguir permitiendo que nuestros venezolanos se conviertan en conejillos de indias», dijo la presidenta del Colegio de Enfermeros en Caracas, Ana Rosario Contreras, que encabezó una pequeña protesta frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A su juicio, eso es lo que sucedió con 10.000 venezolanos que acudieron a inocularse la Abdala «bajo una oferta engañosa», ya que fueron «llamados a unas jornadas territoriales de vacunación» y la misión médica cubana en el país «terminó diciendo que era una intervención sanitaria, es decir, un ensayo clínico».
Por eso, envió el mensaje a los organismos internacionales de que en Venezuela «no se están respetando los protocolos para someter a las personas a ensayos experimentales, donde la primera obligación es el consentimiento informado».
«Celebramos que en Cuba se pretenda hacer una vacuna (…) Sin embargo, creemos y estamos convencidos, que, desde hace 6 meses, el mundo tiene una canasta de vacunas», dijo Contreras, quien recordó que en Venezuela se ha inoculado la china Sinopharm y la Sputnik V, «que están debidamente certificadas por organismos internacionales».
Por su parte, la coordinadora de la Organización Venezolana de Autismo y miembro del opositor Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre, Joana Peñalver, hizo un llamado a la Organización Mundial de la Salud, a Unicef y a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos por el uso de la Abdala en menores de edad y docentes.
Para Peñalver, que calificó la Abdala de «supuesta vacuna cubana», se están violando los derechos humanos de los menores de edad porque «están violando el derecho a la salud y a una educación segura».
«Declaramos que nuestros hijos no son experimentos, necesitamos respeto para la población venezolana, la población venezolana no es ningún experimento y exigimos un pronunciamiento de la Unicef para la protección de los niños», subrayó.
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba otorgó el pasado 9 de julio la autorización de uso de emergencias a la vacuna cubana contra el nuevo coronavirus, Abdala, que en sus ensayos clínicos mostró una eficacia del 92,2 %.
La autorización se concedió «una vez confirmado que se cumple con los requisitos y parámetros exigidos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para este tipo de trámite», informó el CECMED en un comunicado.
En Venezuela y hasta el pasado 4 de julio, se había inmunizado a un total de 2.508.201 personas, según dijo entonces el presidente Nicolás Maduro.
De momento, las autoridades no han ofrecido una nueva cifra de vacunados en un país que tiene una población de aproximadamente 30 millones de habitantes.
El pasado 7 de julio, Maduro aseguró que Venezuela cuenta con vacunas anticovid para inmunizar al 20 % de la población, lo que supone cerca de seis millones de personas.
No obstante, las autoridades han detallado la llegada de 3,23 millones de dosis de vacunas entre la china Sinopharm y la rusa Sputnik V y Maduro no aclaró cuándo han recibido el resto de dosis que permitirían vacunar a esas seis millones de personas.
Tanto la Sputnik V como la del laboratorio Sinopharm son vacunas de doble dosis.
La Fundación GAVI, administradora junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del programa Covax para la distribución global de vacunas anticovid, confirmó a principios de mes a Efe que han recibido ya los fondos de Venezuela para el envío de dosis a ese país.
«Venezuela se ha unido recientemente a Covax y ha pagado sus obligaciones financieras, esperamos poder distribuirles dosis en cuanto tengamos disponibles las del tipo que escoja», señaló un portavoz de GAVI.
El Gobierno venezolano denunció que debido a las sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos contra el país, una parte de su pago a Covax había quedado bloqueado, lo que impedía la llegada de once millones de vacunas del programa humanitario ya apalabradas en abril.