Miami, 6 mar (EFE).- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en EE.UU., recibirán sus sentencias el próximo 17 de abril.
El juez William P. Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale (a 40 km. al norte de Miami), estableció el día en un documento judicial con fecha de este lunes.
Primero será sentenciada ella, conocida como «la enfermera de Chávez» y luego él, según la decisión del juez, que originalmente iba a haber dictado sentencia el 21 de septiembre pero atrasó la fecha a petición de la abogada del matrimonio.
El pasado 13 de diciembre el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velásquez Figueroa culpable de los tres cargos.
Díaz Guillén, extraditada desde España en mayo pasado, y Velásquez Figueroa, que corrió la misma suerte en octubre, fueron reclamados por Estados Unidos para responder de acusaciones por blanqueo de capitales resultantes de hechos de corrupción en Venezuela relacionados con el sistema de control de cambios.
Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de «jurisdicción extraterritorial» en este caso.
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Tanto Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española y fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue su jefe de seguridad.
Aparentemente sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país suramericano.
El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos por los que el matrimonio Díaz-Velásques fue juzgado.
Según su ficha en la lista de prófugos de la Justicia de EE.UU., Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
El extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade Cedeño, que antes de ese cargo fue guardaespaldas de Chávez y había fijado su residencia en EE.UU. después de su muerte, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, según lo acordado.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.
El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en EE.UU. a 3 años de prisión en noviembre de 2019 por conspiración para lavado de dinero.
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