El último informe presentado este 22 de septiembre arroja nuevos hallazgos de la dura represión postelectoral y advierte que la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas reposa sobre las instancias internacionales.
Caracas. La escalada de represión gubernamental contra opositores desde julio de 2024 evidencia la existencia de un plan para aniquilar a la disidencia. Así lo revela el último informe publicado este 22 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El documento, que examina el período entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, arroja nuevos hallazgos de la dura represión postelectoral y advierte que la persecución por motivos políticos, dirigida contra defensores de los derechos humanos y las libertades fundamentales se recrudeció en 2025.
La Misión de la ONU concluyó que la represión desatada luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 es una continuación “exacerbada” del plan para acabar con los opositores, lo que se refleja en graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que siguen impunes ante la inacción del Estado venezolano.
Ante esta situación el organismo alerta que la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas reposa sobre las instancias internacionales.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, indicó que hasta el momento la Fiscalía no ha informado públicamente sobre los avances o conclusiones de las investigaciones sobre las muertes producidas en el contexto de represión poselectoral.
“Desde el principio aseguraron que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en estos hechos y por el contrario señalaron a la oposición como autora. Sin embargo, nuestra investigación reveló lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, afirmó Valiñas
A continuación siete claves de los hallazgos más importantes contenido en el informe.
1. Muertes por represión
La Misión de Determinación examinó los casos de 30 víctimas que, según la evidencia, murieron a causa de la represión. De ellas, unas 25 personas fallecieron durante las protestas y cinco mientras estaban bajo custodia del Estado. Adicionalmente, tres personas que fueron detenidas fallecieron tras ser liberadas debido al deterioro de su salud.
2. Involucramiento de seguridad
Entre los hallazgos se determinó que, de las 25 muertes ocurridas en protestas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los efectivos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas.
3. Ataques a manifestantes
El organismo documentó que en las manifestaciones de la ciudad de Maracay, estado de Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército provocaron la muerte de seis personas tras dispararles con armas de fuego. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia.
4. Detenciones arbitrarias
El documento arrojó evidencia sobre una nueva ola de detenciones arbitrarias dirigida contra familiares de opositores, entre ellos 84 personas extranjeras. Se registraron casos de desaparición forzada con una duración de hasta seis meses.
5. Víctimas menores de edad
La Misión de Determinación de los Hechos evaluó los casos de al menos 220 niños y niñas y adolescentes con edades entre 13 y 17 años, que fueron detenidos tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En el informe se menciona la muerte de dos jóvenes de 15 y 16 años durante la represión.
6. Restricciones a la prensa
La averiguaciones lideradas por la Misión encontraron pruebas de nuevas restricciones contra el ejercicio del la prensa y la defensa de los derechos humanos. En el documento se destaca como nuevas leyes, como la Ley Contra el Fascismo, usan un lenguaje vago para criminalizar la crítica legítima y el periodismo.
7. Tortura en centros de detención
En el documento se lee que las condiciones en los centro de detención constituyen prácticas de tortura y tratos degradantes, principalmente contra mujeres y adolescentes, quien fueron víctimas de tratos crueles y violencia sexual y de género.
Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos concluyó que a las muertes que fueron documentadas se le suma el maltrato a las familias, la falta de investigación y de aplicación de los protocolos internacionales. Eso sin contar la complicidad de otras instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
“El Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia. Las muertes de personas detenidas tras las elecciones presidenciales por el deterioro de su salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida”, manifestó
Hasta el momento las autoridades venezolanas excarcelaron a 2006 personas de las 2220 detenidas en el contexto de las protestas postelectorales de 2024. Sin embargo, la Misión de Determinación de los Hechos ha documentado al menos 200 nuevas detenciones contra disidentes del chavismo y opositores.
En paralelo la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela sigue su curso. El 1 de agosto pasado la Sala de Apelaciones de la CPI ordenó a la Fiscal Karim Khan apartarse sobre la situación de los derechos humanos en el país por “posibles conflictos de interés”.
Adicionalmente están en curso procesos judiciales contra altos funcionarios venezolanos bajo jurisdicción universal en Argentina y España.