Caracas, 7 jul (EFE).- En Venezuela se registraron 592 conflictos laborales durante el primer semestre de 2023, según el balance publicado este viernes por el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
«El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical registró 103 conflictos laborales en junio de 2023, para un acumulado de 592 reclamos en el primer semestre del año», dijo la organización en una nota de prensa.
Indicó que, durante los primeros seis meses del año, se ha mantenido la lucha de trabajadores que, mediante «acciones de calle», buscan «que las autoridades gubernamentales escuchen sus demandas y definan parámetros justos para un mayor y mejor desempeño de sus actividades en un ambiente libre de violencia y acoso laboral».
El Inaesin detalló que la cifra de reclamos registrada en junio es la segunda más alta del año, después de los 178 documentados en el mes de enero.
Durante el mes pasado, «el mayor porcentaje de conflictos fue protagonizado por personal del sector educación», seguido de los trabajadores sanitarios y los empleados de las industrias básicas.
La ONG puntualizó que el descontento por los bajos salarios fue el principal motivo de las protestas, seguido de las malas condiciones de trabajo.
Además, informó que las regiones donde se registraron mayores reclamos fueron Caracas, Bolívar (sur) y Lara (oeste).
Inaesin destacó la detención de dos sindicalistas de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), apresados el pasado 11 de junio, después de protestar para exigir mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo.
«El amedrentamiento y criminalización de las protestas por parte del Estado, se puso una vez más de manifiesto no solo con la privación de libertad de los trabajadores, sino con la imputación de cargos penales», expresó la ONG.
Los dirigentes sindicales Leonardo Azócar y Daniel Romero protestaban junto a sus compañeros en una de las plantas de Sidor, en Bolívar, y al salir fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), informó entonces a EFE el abogado Eduardo Torres.
