Por: Mariana Duque/ @mariananduque
DLA.-Transcurrido un año de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, no sólo ha cambiado la vida de los ciudadanos por el uso de mascarillas, los confinamientos, las medidas de bioseguridad y el luto que ha quedado en muchas familias, sino que también la naturaleza ha tenido impactos negativos, por lo menos en el estado Táchira donde la tala de árboles maderables ha ido en aumento.
La falta de gas doméstico ha permitido que la tala sea observada como una práctica justa y necesaria, pues hay sectores en los que no hay gas, ni electricidad, o si hay esta última, los habitantes de las comunidades no tienen dinero para acceder a una cocina eléctrica, cuyo valor actual es en pesos colombianos o en dólares.
Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Parques (Inparques) en Táchira, Richard Zambrano, explica que el impacto de tala de árboles en los parques nacionales de la entidad no se debe a la falta de gas, sino a la venta de la madera y el uso de los terrenos para ocupación agropecuaria.
Foto: Carlos Eduardo Ramírez
Precisa que esta tierra andina se ubica entre los primeros cinco estados del país con más tala en árboles nacionales. Se trata de especies arbóreas que tienen hasta 100 años de vida, que una vez son derrumbadas sus espacios pasan a ser potreros o patios productivos. “Desde que llegó la pandemia todo esto ha incrementado, recuerden que la pandemia a muchos nos creó ocio”, afirma.
Destaca el director de Inparques que en el Parque Nacional Tapo Caparo, en el Parque Nacional Chorro El Indio, el Parque Nacional El Tamá y en río Negro se están llevando a cabo las talas de árboles de mayor extensión. En el caso de río Negro, municipio Fernández Feo, talan árboles en la orilla del afluente hídrico. Teme que con la temporada de lluvias crezca el caudal y suba hasta el puente, que está ubicado un metro más arriba del caserío.
En la zona han derrumbado árboles en unas dos hectáreas distribuidas entre la entrada a la Z, por la Troncal 5, hasta el cerro La Guacamaya, vía a Santa Ana, municipio Córdoba, y aunque Inparques compró fincas para generar una recuperación natural, están siendo invadidas. “Incluso a orilla de río le quitaron todo el cañaveral para sembrar maíz, yuca, la gente no entiende que es un muro de contención a la hora de la crecida de un río”, agrega.
En el Parque Nacional Tapo Caparo, ubicado en Abejales, municipio Libertador, un grupo de invasores se han dedicado a quemar la vegetación y talar árboles. “Hace un año hubo un incendio forestal ocasionado por los mismos invasores, que siguen en la zona, porque no pudimos hallar con el causante real, y las zonas que fueron quemadas fueron sembradas. Un incendio lo generan para producir, pero debemos saber dónde producir, porque quitamos cinco hectáreas de árboles que nos dan oxígeno para sembrar maíz que nos durará un mes”, resalta Richard Zambrano.
Adicional a estos casos habitantes de Pueblo Nuevo en el municipio San Cristóbal y, de Michelena, municipio Michelena, han denunciado el incremento de la tala de árboles.
Derrumbe de más de 120 especies
Inparques Táchira cuenta con 97 guardaparques y 48 técnicos y personal de investigación. Esperan subir la cuota a 200 guardaparques para poder enfrentar el incremento de la tala.
Aproximadamente 400.000 habitantes de cuatro municipios del Táchira: Libertad, Independencia, San Cristóbal y Junín, pertenecientes a las comunidades de Pericos, Mamonales, El Pueblito, El Porvenir, Vega del Cedro, Palma de Seda, Berlín, Puente de Oro, Santa Anita, Arismedi, El Valle, Santa Cruz, La Victoria, Alineaderos, entre otros, se han visto afectados por la tala de 120 especies arbóreas en cuatro hectáreas de la unidad de producción La Osa, ubicada en la aldea Bermúdez, municipio Libertad del estado Táchira.
De acuerdo al vocero de las mesas técnicas de agua de dichos sectores, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, el ecocidio estaría ocurriendo desde el año 2009, en las cabeceras de los nacientes de La Espinosa, Caño Jesús, Caña Grande y La Cristalina, por parte de un invasor que tumba árboles maderables de vieja data para sembrar pasto y crear potreros.
Aunque representantes del Ministerio Público, Ministerio de Ecosocialismo y Agua, Guardería Ambiental, Inparques, Guardia Nacional, el alcalde y los concejales del municipio Libertad han realizado inspecciones, reuniones y levantado actas, no se ha paralizado la acción.
La tala indiscriminada por tanto tiempo ha generado problemas con el servicio de agua potable, con el cuentan solo de once de la noche a tres de la mañana. “Si los organismos no aplican las leyes, pues dentro de un año no tendremos agua”, acota.
Oficios a los que ha tenido acceso la comunidad, que fueron levantados por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), confirman la situación de ecocidio. Uno de ellos de fecha 18 de febrero de 2020, en el cual anexan informe de inspección y la solicitud de procedimiento sancionatorio con orden de proceder N| 076-20 en contra del infractor.
El documento detalla que existe una afectación de la zona protectora de nacientes de la quebrada La Osa, reitera la tala de 120 individuos arbóreos pertenecientes a especies diversas donde denota la sección de tocón, fuste o tronco, roza de vegetación mediana y baja en una superficie de cuatro hectáreas, y el establecimiento de 400 plantas de la especie café arábica.
Indica que la fuente de agua que alimenta nacientes de la quebrada La Osa se ubica a 80 metros, y surte a la parroquia Manuel Felipe Rugeles.
En los terrenos de la Upel
Terrenos del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio (Upel) ubicado en el municipio Junín del estado Táchira, decretados patrimonio cultural de la localidad hace 67 años, están siendo deforestados por parte de la alcaldía, según denunciaron sus autoridades en febrero de 2021 ante el Ministerio Público.
El presidente del centro de estudiantes, Kenny Ramírez, relata que aproximadamente 30 personas de la alcaldía tumbaron árboles de más de 50 años sin permiso de ningún organismo y sin informar sobre su aprovechamiento. “Alegando que se le cedieron los terrenos a la municipalidad cuando es algo totalmente falso… Es un espacio bastante grande, contamos con más de 20 hectáreas de parque”.
Denuncia Ramírez que los espacios serían usados para que grupos armados irregulares al margen de la ley pernocten. “La gente sabe y todas las autoridades saben que los grupos al margen, irregulares en nuestro país hacen vida por estos terrenos en la ciudad universitaria, específicamente en el sector La Vega de Rubio”, agrega.
Parque Nacional Chorro El Indio
En el Parque Nacional Chorro El Indio ubicado en el municipio San Cristóbal, se está llevando a cabo desde abril de 2020 una deforestación para trabajar las tierras. Juan Pablo Patiño, vecino de la comunidad de Loma de Pío, explicó al Diario de Los Andes hace un año que la deforestación generó un deslave en el kilómetro 2.3 de la vía, lo que podía ocasionar un deslizamiento de montaña al no contar con las raíces de los árboles que la sostenían. Esto mantenía temerosas en aquel momento a 2.500 familias que viven desde La Acevita hasta Macanillo, pues podían quedar incomunicadas.
Al respecto, el director regional de Inparques, Richard Zambrano, manifiesta que hace aproximadamente siete meses fue dictada una medida de protección por el juez agrario, pero aunque ha disminuido la tala, se mantiene. “Alrededor de 40 hectáreas fueron taladas. En algunos puntos no visibles siguen talas que estamos intentando controlar.
Lamentablemente el Parque Nacional Chorro El Indio tiene muchas entradas y salidas, es difícil controlar”, acota.
Sanciones
Sobre las sanciones por tala indiscriminada de árboles, el director de Inparques Táchira, Richard Zambrano, explica que inicialmente envían equipos de avanzada a hacer una inspección, citan a la persona vinculada, generan un acta con compromisos del pisatario que asume reforestar con una cantidad de árboles acordada, en un plazo específico. Le hacen seguimiento y si incurre en otro causal levantan el procedimiento administrativo que pasa a órdenes de Fiscalía por delito ambiental.
Si tienen maquinaria en la zona realizan el decomiso en conjunto con el Ministerio Público y Guardería Ambiental. Desde el mes de septiembre que Zambrano asumió la dirección del instituto, no se han realizado detenciones.
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