La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha reunido este jueves con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, en el segundo día de su visita a Venezuela, con la que pretende constatar la crisis política y humanitaria que sufre el país.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela ha informado en una convocatoria de prensa de que la jefa de Derechos Humanos de la ONU se reuniría en el Ministerio de Exteriores con autoridades gubernamentales, sin precisar cuáles.
Conforme a las fotografías difundidas, Bachelet se ha entrevistado con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, uno de los actores clave en la crisis política, debido a los numerosos llamamientos de la oposición y sus aliados internacionales a que las Fuerzas Armadas echen a Maduro de Miraflores.
De acuerdo con el diario venezolano El Nacional, la ex presidenta chilena también se verá a lo largo de la jornada con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y con el fiscal general, Tarek William Saab.
Bachelet, que llegó el miércoles por la tarde (hora local) a Caracas, se entrevistó ese mismo día con el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, para hablar de «los desafíos de Venezuela» en materia de Derechos Humanos. «Esperamos recomendaciones para rectificar y preservar los Derechos Humanos de los venezolanos», dijo Arreaza en Twitter.
También conversaron sobre «el modelo de protección social que brinda el Gobierno bolivariano a los venezolanos» y sobre «el impacto del bloqueo criminal e ilegal de Estados Unidos que dificulta el avance de este modelo de protección social», añadió Arreaza.
Se espera que Bachelet se reúna el viernes, en su último día en Venezuela, con el autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, quien ha instado a sus simpatizantes a tomar las calles de Caracas estos días para evidenciar el malestar con Maduro.
«Después de años de esfuerzo, de alzar la voz ante el mundo y protestar en las calles, Bachelet está en Venezuela. Este es un momento clave para nuestra libertad y nos tiene que encontrar en las calles. ¡Todos a la calle este viernes!», ha arengado este jueves el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó.
Guaidó advirtió el miércoles a la Alta Comisionada de que los venezolanos «no aguantamos más diagnósticos» de la crisis. «Esto es un problema estructural y hay que darle una solución al conflicto», reclamó el titular de la Asamblea Nacional.
Bachelet, por su parte, solo se ha pronunciado en un ‘tweet’ en el que ha prometido «escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los Derechos Humanos de todos los venezolanos». El viernes comparecerá ante la prensa antes de volver a Ginebra para ofrecer un balance de su visita.
Crisis en Venezuela
La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.
En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la «usurpación», crear un gobierno de transición y celebrar «elecciones libres». Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.
Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.
Guaidó ha indicado que explora abiertas distintas vías para zanjar la crisis, entre ellas las protestas en las calles y la diplomacia, plasmada en el reconocimiento internacional y en los contactos exploratorios entre oposición y Gobierno y Noruega. También ha mantenido viva la posibilidad de una intervención militar.
Respecto a esto último, a lo largo de estos meses Guaidó y algunos de sus colaboradores han invocado el llamado principio de intervención humanitaria, que permitiría un despliegue militar en Venezuela bajo el paraguas de la ONU. Aunque hay precedentes, no es una cuestión pacífica entre los estados miembro.