Por Luis Betancourt / NTA
En el año 2021 nació País Narrado, una organización enfocada en construir referentes positivos a través del fortalecimiento de historias de vida de la población LGBTIQ+, mientras que en 2012 se fundó Venezuela Igualitaria, una asociación civil sin fines de lucro que tenía el propósito de unir esfuerzos para concienciar sobre el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, ahora, en octubre de 2024 ambas se vieron en la obligación de cesar sus funciones, siendo un reflejo de la crisis política del país, que deriva en un mayor cierre del espacio cívico.
Así lo indicó Danny Toro, fundador de País Narrado, quien señaló que el cierre se debe a la propia situación que atraviesa Venezuela. «A las amenazas que enfrenta la sociedad civil en su conjunto» por parte de la administración madurista. Además, recalcó que hoy los riesgos para la sociedad civil son muy altos. «Vemos una serie de amenazas en masa e indiscriminadas a defensores de derechos humanos, a líderes sociales», dijo. Al tiempo que afirmó que por esta y otras razones se vieron en la obligación de «cesar funcionas» y darle prioridad a su seguridad personal.
«Defender los derechos en Venezuela representa un riesgo muy alto»
El fundador de País Narrado señaló, además, que en el país no hay garantía para ejercer dicha labor, sino que -por el contrario-, «representa un peligro». «En un contexto autoritario como en el que vivimos, toca reajustarse y buscar nuevos espacios para seguir haciendo incidencia por los derechos de la comunidad. No es un cese de la incidencia, ni de la reivindicación LGBTIQ+. Es una medida necesaria frente a la difícil situación que padecemos los venezolanos», dijo.
Para Toro, la organizaciones LGBTIQ+ en Venezuela no solo enfrentan un «Estado autoritario», sino a uno que «no ha hecho nada por la inclusión de este sector de la población». A su juicio, por el contrario, el Estado desde sus discursos públicos promueven la homofobia y la discriminación.
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Por su otra parte, Venezuela Igualitaria dejó claro a través de un comunicado que su cierre respondía al actual contexto político y económico que atraviesa el país. Mismo que se agudizó tras las presidenciales del 28 de julio.
«El actual contexto económico, social y político de nuestro país ha generado condiciones que comprometen nuestra capacidad de continuar sin poner en riesgo nuestra integridad física y emocional. Enfrentamos tiempos complejos, cuya solución no parece cercana en el corto ni mediano plazo. Esto nos obliga a priorizar nuestra seguridad económica y personal», dice parte de la comunicación.
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Asimismo, la asociación civil resaltó que la Unidad de Apoyo Psicolegal Por Todes cesa su labor de acompañamiento activo. Además, que solo continuarán trabajando en las demandas presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, manteniéndolas vigentes y solicitando su resolución.
¿Una ley para «perseguir» a las ONG?
El octubre, la organización no gubernamental, Acceso a la Justicia, indicó que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales aprobada en agosto por la Asamblea Nacional de Venezuela, perjudica a los beneficiarios de ayuda humanitaria. «El mayor perjuicio recae sobre las personas beneficiarias de la asistencia humanitaria. También en el acompañamiento que brindan las organizaciones de la sociedad civil», afirmó la ONG en una nota de prensa publicada en su página web.
De igual manera, Acceso a la Justicia aseguró que la población en situación de mayor vulnerabilidad corre el «riesgo de perder el apoyo que le ofrecen las organizaciones».
Asimismo, señaló que, tras un análisis del texto, concluyó que la ley promulgada por el Parlamento es una norma «prioritariamente punitiva, que incluye graves imprecisiones, lo que permiten una aplicación arbitraria».
«Todo ello crea una situación de inseguridad jurídica que amenaza la existencia misma de organizaciones de la sociedad civil», dijo.
«El Gobierno venezolano aspira a destruir el tejido social. Un tejido que es un patrimonio colectivo y que nos ha permitido resolver problemas que el Estado no alcanza a solventar», agregó.
La #LeyAntisociedad, un nuevo instrumento para la represión en Venezuela #AsociarseEsUnDerecho https://t.co/hCy5MLs6X2
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) October 16, 2024
Es importante recordar que cuando la AN aprobó esa ley, muchas organizaciones se pronunciaron al respecto. Todas convergieron en que «esta ley marca el fin de la sociedad civil independiente en Venezuela”.
Lo cierto es que ante el contexto tan difícil que atraviesa el país y donde la sociedad civil independiente se ve cada vez más vulnerable, valdría la pena cuestionar: ¿Será el cierre de País Narrado y Venezuela Igualitaria el inicio de una de cese de funciones de las ONG en Venezuela?
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