Por. Por Héctor Antolínez
Caracas. Luego de un retraso de más de un mes, este martes la Asamblea Nacional (AN) designó los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el nuevo inspector general de tribunales y el nuevo director de la escuela de la magistratura, dando por concluida la reforma del Poder Judicial.
Fue el 22 de marzo cuando Jorge Rodríguez prometió que “en cuatro días” se conocerían los nombres de los nuevos magistrados del TSJ, este 26 de abril, 35 días después finalmente se cumplió esa promesa.
Los nuevos integrantes del Poder Judicial fueron aprobados por con los votos de las fracciones del Gran Polo Patriótico y la Alianza Democrática dentro de la AN en una sesión ordinaria que inició con más de dos horas de retraso y contó con las intervenciones de Giusseppe Alessandrello (PSUV), José Gregorio Correa (AD) y Diosdado Cabello (PSUV).
Fue justamente Alessandrello quien como presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, se encargó de presentar a la plenaria la lista de nombres para los nuevos cargos del Poder Judicial.
De los 20 magistrados designados este martes, 12 de los integrantes del TSJ que se está sustituyendo vienen del anterior período; lo que significa que 60% de los nuevos integrantes del máximo tribunal repetira en sus funciones. La mayoría de los que repiten vienen de las salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral, destacó la ONG Acceso a la Justicia.
Quién es quién el “nuevo TSJ”
*Como magistrados de la Sala Constitucional fueron designados:
Gladys María Gutiérrez Alvarado: Repite como magistrada del TSJ, cargo que ocupaba desde 2010. En 1998 fue candidata por el MVR a la gobernación de Nueva Esparta pero perdió. Posteriormente fue diputada suplente por el MVR y en el año 2000 fue nombrada ministra consejera de la embajada venezolana en España, luego cónsul general y para 2002 embajadora en ese país. En 2006, Hugo Chávez la designó Procuradora General de la República. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional de mayoría pesuvista, la seleccionó como magistrada del TSJ. A partir de mayo de 2013, a pocos días de la elección de Nicolás Maduro como Presidente de la República, ella fue nombrada presidenta del Poder Judicial. En junio de 2020, el TSJ del que ella era parte la designó rectora principal temporal del Consejo Nacional Electoral, cargo que ocupó hasta mayo de 2021 cuando regresó a su cargo de magistrada. Desde 2017 en adelante ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR “por usurpar funciones de la AN electa en 2015”, “socavar la democracia” y “riesgo de lavado de activos”.
Lourdes Benicia Suárez Ánderson: Repite como magistrada del TSJ, cargo que ya ocupaba desde 2015. Es la hermana del polémico fiscal del Ministerio Público, Danilo Ánderson, asesinado en un atentado con explosivos en Caracas en el año 2004. Suárez es una abogada que había intentado sin éxito ser magistrada del TSJ en 2010 y en 2014. Ese último año sin embargo logró entrar a la carrera judicial como defensora pública penal. En diciembre de 2015 se postuló nuevamente al TSJ y resultó seleccionada como integrante de la Sala Constitucional, en el grupo de los denominados “magistrados express”, nombrados por el PSUV la última semana de diciembre de aquel año en un proceso cargado de irregularidades según varios organismos especializados. Desde 2017 en adelante ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR “por usurpar funciones de la AN electa en 2015”, “socavar la democracia” y “riesgo de lavado de activos”.
Luis Fernando Damiani Bustillos: Repite en el cargo para el cual había sido designado en diciembre de 2015 por el PSUV. Es abogado y sociólogo. Fue Rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2009-2010) y Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria (2010-2011) nombrado por Hugo Chávez. Antes de ser magistrado principal, Damiani había entrado al Poder Judicial como magistrado suplente de la Sala Constitucional hacia finales de 2013. A partir de 2016 suscribió todas las sentencias de esa Sala dirigidas a socavar las funciones de la AN 2016-2021 y fue el ponente de una de ellas, la que declaró nula la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Desde 2017 en adelante ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR “por usurpar funciones de la AN electa en 2015”, “socavar la democracia” y “riesgo de lavado de activos”.
Calixto Antonio Ortega Ríos: Repite en el cargo para el cual fue nombrado en diciembre de 2015. Desde 1998 militó pública y activamente en el MVR primero, siendo electo constituyente por ese movimiento en 1999, y posteriormente en el PSUV, del cual llegó a ser diputado durante dos períodos entre los años 2000 al 2010. Con la llegada de Maduro a la presidencia en 2013 pasó a ocupar algunos cargos en el servicio exterior, como encargado de negocios en Estados Unidos y vicecanciller para Europa. En diciembre de 2015 se postuló y ganó nuevamente la diputación por el estado Zulia, pero no llegó a ocupar la curul porque la AN saliente lo designó magistrado de la Sala Constitucional en el denominado proceso de magistrados express. Fue el ponente en al menos tres de las sentencias dictadas en 2016 contra las atribuciones de la AN 2016-2021: la que declaró nula la reforma de la Ley del BCV, la ley especial para atender la crisis nacional de salud y la ley orgánica del servicio nacional de policía. Desde 2017 en adelante ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR “por usurpar funciones de la AN electa en 2015”, “socavar la democracia” y “riesgo de lavado de activos”.
Tania D’Amelio Cardiet: Es abogada especializada en derecho tributario de la Universidad Santa María. Fue diputada del MVR y del PSUV entre 2000 y 2009 y activa promotora de la campaña por el No en el referendo revocatorio de 2004 contra Hugo Chávez. En 2009 la Asamblea Nacional la designó rectora del Consejo Nacional Electoral para el período 2010-2016 y luego para el período 2016-2023. En junio de 2020, como parte de la intervención del Poder Judicial en el funcionamiento del Poder Electoral, la Sala Constitucional –de la cual ahora ella misma será parte- la ratificó en el cargo para integrar ese CNE accidental que operó durante 11 meses. En mayo del año pasado, la misma Asamblea Nacional dominada por el PSUV que hoy la nombra magistrada del TSJ, la había ratificado como rectora del CNE (donde hasta hoy era presidenta de la Junta Nacional Electoral) por un período de siete años. Desde 2017 en adelante ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y Panamá por “su rol significativo en la organización y creación de la asamblea constituyente”, “su comportamiento antidemocrático” y “riesgo de lavado de activos”.
Como magistrados de la Sala Político-administrativa fueron designados:
Malaquías Gil: Repite en el cargo de magistrado del TSJ para el cual había sido electo en 2010 hasta 2022, pero cambia de la Sala Electoral, de la cual fue vicepresidente hasta el día de hoy, y pasa a la Sala Político Administrativa. Es abogado de la Universidad de Los Andes y tiene especializaciones de Derecho Laboral y Seguridad Social. Fue diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV en representación del estado Trujillo desde 2000 hasta 2010. En 2018 fue sancionado por el gobierno de Canadá “en respuesta a las ilegítimas y antidemocráticas elecciones presidenciales del 20 de mayo” de ese año.
Bárbara César: La magistrada repite en la Sala Político Administrativo de la que era vicepresidente. Es especialista en derecho tributario y administrativo. Se desempeñó como defensora pública y como jueza de Control del Tribunal 29 de Caracas; entre sus decisiones, dictó medidas cautelares en contra de la directiva del diario Tal Cual y del exministro Carlos Genatios, donde se le dictó prohibición de salida del país a Teodoro Petkoff,2 a raíz de una denuncia interpuesta por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional se lee en Wikipedia.
Juan Carlos Hidalgo Pandares: Militar de carrera en el Ejército, alcanzó el rango de general de división. Para el año 2009 fue nombrado como fiscal general en la Fiscalía General Militar. En el 2011 también ocupaba el cargo de Jefe del Comando Antidrogas de la GNB. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar Venezolana y abogado especialista en derecho penal de la Universidad Santa María.
Como magistrados de la Sala Electoral fueron designados:
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez: En el 2014 fue nombrada como consultora jurídica de Ipostel. Para el año fue electa como concejala por el circuito 3 para el concejo municipal de Caracas. Para febrero de 2021 fue designada como presidenta de dicho consejo, cargo que mantuvo hasta el 26 de agosto del mismo año cuando asumió como Alcaldesa encargada de Caracas tras la renuncia de Érika Farías.
Fanny Márquez : Repite en la sala electoral donde fue nombrada en el año 2015.Fue sancionada el 30 de mayo de 2018 por el gobierno de Canadá, después de las elecciones presidenciales en Venezuela ese mes, al incluirla en la lista de funcionarios «responsables, o cómplices, de graves violaciones» a los derechos humanos, «actos importantes de corrupción o ambas cosas».
Inocencio Figuera: Hasta este martes 26 fue magistrado de la Sala Político Administrativa, y ahora pasa a la Sala Electoral.
Como magistrados de la Sala de Casación Civil fueron designados:
Carmen Eneyda Alves Navas: Egresada de la Universidad Santa María en 1991, se especializó en derecho penal y criminológico en la Universidad de Carabobo en 1998. En el 2015 la AN de mayoría chavista la designó como directora general de la defensa pública. Ese mismo año fue designada como magistrada suplente de la Sala Electoral. Asumió como magistrada principal el 12 de junio de 2020 cuando Indira Alfonzo fue designada como presidenta del CNE.
Henry José Timaure Tapia: Es militar de carrera y alcanzó el rango de general de división. Fue presidente de la Sala de Corte Marcial de la justicia militar hasta diciembre de 2017 cuando fue destituido del cargo por Nicolás Maduro. Luego de eso en 2018 pasó a la agregaduría militar de la embajada venezolana en Uruguay. Ha sido señalado por presuntas violaciones de derechos humanos y por procesar civiles en los tribunales militares.
José Luis Gutiérrez Parra: Es hermano del diputado de Acción Democrática Bernabé Gutiérrez. Es un abogado especialista en Derecho Administrativo, y estuvo como funcionario en el CNE en la dirección de partidos políticos. Para el 2020 el TSJ lo designó como rector principal en la directiva que presidió Indira Alfonzo. Junto con Alfonzo fue sancionado por EEUU por socavar la democracia en Venezuela.
Como magistrados de la Sala de Casación Penal fueron designados:
Elsa Janeth Gómez Moreno: Abogada de profesión, es magistrada de la Sala de Casación Penal desde el año 2015. Antes de eso, en el año 2010 fue magistrada suplente de la misma sala. Es abogada egresada de la Universidad del Zulia y magister en criminalística.
Maikel José Moreno Pérez: Abogado especializado en derecho constitucional egresado de la Universidad Santa María, es magistrado principal de la Sala de Casación Penal desde diciembre de 2014. Entre los años 2014 y 2017 fue vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia hasta que reemplazó a Gladys Gutiérrez en la presidencia desde el 24 de febrero de 2017.
Carmen Marisela Castro Gilly: Es abogada especialista en ciencias penales y criminalísticas además de ser licenciada en historia de la misma casa de estudios. Hizo su carrera en la defensa pública y en el año 2019, luego que Susana Barreiros abandonara el cargo, fue juramentada como defensora pública general por la Asamblea Nacional Constituyente.
Como magistrados de la Sala de Casación Social fueron designados:.
Edgar Gavidia Rodríguez: Repite como magistrado principal de la Sala de Casación Social puesto que ocupa desde diciembre de 2014. Es abogado egresado de la Universidad Santa María. En dos ocasiones fue concejal del extinto cabildo metropolitano. En el 2018 la ONG Acceso a la Justicia reportó que Gavidia había atentado contra la vida de su esposa Francis Flores al propinarle un disparo en la pierna tras una discusión. No se le hizo antejuicio de mérito ni se le removió del cargo por este presunto hecho.
Carlos Alexis Castillo Ascanio: En el año 2013 se le designó como Director de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Posteriormente, en septiembre del 2020 se le designó como Director General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
Elías Rubén Bitar Escalona: Abogado de profesión, dio clases de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Durante el año 2002, luego de los hechos del 11 de abril, el Ministerio Público lo imputó por conspiración. Fue asesor jurídico del antiguo canal de televisión RCTV.
Los cargos de Inspectora General de Tribunales y de Director de la Escuela de la Magistratura quedaron para:
Inspectora general de tribunales Gladys Requena: Fue electa diputada de la Asamblea Nacional para el período 2021-2026, pero anteriormente, entre 2011 y 2015 también ocupó ese puesto, siempre en representación del PSUV por el estado Vargas. En abril de 2015, Nicolás Maduro la designó Ministra de la Mujer. En 2017 se postuló y resultó electa como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde llegó a ser la Segunda Vicepresidente desde octubre de 2018 hasta el cese de funciones del organismo el 18 de diciembre de 2020.Director de la escuela de la magistratura
Director de la escuela de la magistratura Guillermo Blanco Vásquez: Hasta este martes 26 de abril fue magistrado de la sala de Casación Civil de la que era vicepresidente. se licenció en Derecho en la Universidaddad Santa María en 1987, tres años después consiguió una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y en 2015 otra en Derecho Mercantil en su alma mater. Fue “acusado de presionar a los 13 magistrados que fueron jubilados a finales de 2015 para que dieran ese paso y así permitirle a la Asamblea Nacional aún dominada por el chavismo designar a sus sucesores antes de que se instalara el nuevo Parlamento elegido el 6 de diciembre de ese año y en el cual la oposición consiguió la mayoría de 2/3 partes”.
El chavismo busca resultados diferentes con los mismos ingredientes
Todo el proceso de reforma del Poder Judicial inició a finales del 2021 cuando Nicolás Maduro dio la orden al chavismo de que quería un nuevo sistema de justicia que no tuviera “los vicios” del anterior, desde entonces no han faltado las críticas en contra del que hasta hoy fue el TSJ con 32 magistrados y que presidió Maikel Moreno.
Maduro pidió una “transformación”, una “verdadera revolución”, del sistema que administra la justicia en Venezuela. Hoy, con un nuevo TSJ compuesto por 20 magistrados la pregunta es: ¿se puede lograr con virtualmente los mismos integrantes que el anterior?
De los 20 “nuevos” magistrados, 12 repiten en su cargo, lo que significa que más de la mitad del TSJ que fue criticado por figuras como el diputado Pedro Carreño y el presidente Nicolás Maduro, repite. Solo 8 son en verdad nuevos.
Al analizar los vínculos políticos el panorama no mejora. De los 20 magistrados, 16 tienen vínculos con el chavismo que se aprecian en su recorrido por la política nacional o en su actuación en cargos públicos. De estos destaca Tania D’Amelio, ahora exrectora del CNE cuyo nombramiento para el ente comicial fue ampliamente protestado por su militancia en el Movimiento Quinta República (MVR) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De hecho era diputada por la tolda roja en el 2009 al momento de su designación como rectora.
De los cuatro magistrados restantes, dos vienen directamente de la justicia militar: Juan Carlos Hidalgo Pandares (Sala Político-Administrativa) quien en 2009 fue fiscal general de la Fiscalía General Militar; y Henry José Timaure Tapia quien para el 2017 era presidente de la Sala de Corte Marcial.
Los dos magistrados restantes son José Luis Gutiérrez Parra quien es hermano del diputado Bernabé Gutiérrez y fue rector principal del CNE que designó el propio TSJ en el año 2020, y Elías Bitar Escalona, un abogado que fue imputado por el Ministerio Público en el 2002 por presunta conspiración en los hechos del 11 de abril de ese año.
Gobierno encargado de Guaidó reacciona
El gobierno encargado que encabeza el diputado electo en 2015, Juan Guaidó, expresó su rechazo a la designación de magistrados del TSJ por parte de la Asamblea Nacional en funciones desde 2021.
Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos”, dice el texto.
Alegan que todo el proceso tuvo el único propósito de “entorpecer los esfuerzos” de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de justicia.
Por lo anterior, el gobierno encargado instó a la comunidad internacional “a desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela” al tiempo que exhortaron a actores nacionales e internacionales a “no reconocer ese tribunal como legítimo al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad”.
Por su parte, Juan Guaidó escribió en su cuenta de Twitter: “La dictadura pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia en Venezuela. Una asamblea ilegítima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad. Esto abona en la búsqueda de justicia en la CPI y la necesidad de un Acuerdo integral”.
Fuente. Crónica Uno
