Por: Stefanny Fiffe
Caracas. En 100 % de los casos de torturas los médicos forenses no reportan el estado real de las víctimas. Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, enfatizó en que también existen morgues clandestinas donde, presuntamente, se hacen exámenes e informes que no reflejan las torturas, que supuestamente padecieron las víctimas.
“Pareciera que los casos de torturas se quedan en un limbo, no hacen ningún tipo de acción cuando en realidad deberían existir investigaciones respecto a las denuncias que se hacen. Mientras no haya investigación para determinar la responsabilidad de estos casos de torturas, estamos prácticamente en cero y continuará la impunidad en el país”, argumentó la abogada durante la presentación del segundo informe de las torturas en Venezuela.
La ONG también informó que la Fiscalía inició la investigación de 124 casos de tortura por una solicitud de la Corte Penal Internacional. Pero Acosta considera que “falta mucho camino y que no hay un comité de Comisión Nacional Contra la Tortura”, ya que aparentemente se creó, pero la Coalición desconoce quiénes son los integrantes.
“Una de las cosas que hemos solicitado es que se haga público quiénes son estas personas que integran esa comisión, cuáles son sus planes de trabajos. Proponemos que se incluya a otros sectores de la sociedad civil que son tan importantes en esta lucha contra la tortura en Venezuela”.
#Denuncia
Según información que obtuvo nuestra ONG, al menos dos medicaturas forenses clandestinas existen en Caracas, en las cuales médicos practicarían exámenes a víctimas y ocultarian las torturas en informes finales. pic.twitter.com/7SAv2UGKg5— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 28, 2022
El informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el 16 de septiembre de 2020, confirmó la existencia de seis casas clandestinas de tortura en Caracas y el estado Miranda. En ellas documentaron 24 casos de torturas, tratos crueles o inhumanos.
El informe de la ONU reveló que las casas clandestinas de tortura están ubicadas en:
- San Bernardino, cerca de Crema Paraíso.
- Una casa en la zona de Bello Monte.
- Una casa en la urbanización San José de Fuerte Tiuna, o muy cerca.
- Una en el Fuerte Tiuna, donde tienen sede el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.
- Un sitio conocido como Sorocaima o La Mariposa, en la zona militar de San Antonio de los Altos (estado Miranda).
- Una en una zona montañosa del municipio El Hatillo.
Falta de respuesta ante las denuncias de torturas
La Coalición también informó que en los tribunales del país solo han atendido 1 % de las denuncias sobre presuntas torturas a detenidos por causas políticas. Del total de casos de tortura denunciados, la organización solo ha recibido respuesta de alrededor de 20 %.
“En 80 % de los casos denunciados no hemos tenido respuesta. Incluso, hemos insistido en casos denunciados desde el año 2019 y hasta el día de hoy no tenemos respuestas por parte de la comisión especial que fue creada por la ley para la prevención y la sanción de la tortura y otros tratos crueles inhumanos”, agregó Kelvi Zambrano, abogado e integrante de la organización.
El abogado insistió en que a los familiares de las víctimas les ponen obstáculos para poder denunciar los casos de tortura. Esto trae como consecuencia que no acudan a las autoridades porque los funcionarios encargados no las reciben o desconocen la legislación en esta materia.
“Desconocen también la normativa internacional. Esto trae como consecuencia que no sea posible que los funcionarios del sistema de justicia puedan aplicar la ley y además desconocen el procedimiento que está establecido, que exige que cuando un funcionario tenga conocimiento de uno de los tipos penales que está tipificado en esta Ley puedan notificar a la Defensoría del Pueblo”.
Zambrano añadió que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle los instrumentos adecuados a los funcionarios para que conozcan el alcance de la legislación. De esta forma se garantiza una aplicación más eficiente de la ley.
En su registro, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia contabiliza que en Venezuela hay 316 presos políticos . La lista incluye 190 militares, 109 civiles y 17 policías.
