Ciudad Juárez (México), 14 mar (EFE).- Las detenciones arbitrarias, robo, extorsión, violencia sexual, tráfico y secuestro contra migrantes que llegan a la fronteriza Ciudad Juárez provocaron la intervención de la comunidad empresarial mexicana que invertirán casi 330.000 dólares para apoyar a organizaciones que defienden a la población en movilidad.
Blanca Navarrete, coordinadora de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), dijo a EFE que han detectado muchos casos de delitos contra la comunidad migrante.
“Es una situación muy compleja de violencia. Es un continuo desde las comunidades de origen, sean mexicanas o de países como Honduras o Venezuela, con patrones muy marcados de violencia”, indicó la activista.
Programas integrales
Empresarios de Ciudad Juárez anunciaron este jueves que invertirán inicialmente 5,5 millones de pesos (casi 330.000 dólares) durante 10 meses en programas de apoyo a migrantes debido a la creciente violencia que enfrentan.
Estos programas también buscan mejorar el estado de salud física y emocional en el que llegan, darles herramientas educativas a los niños y adolescentes, así como brindar trabajo y habilidades laborales a personas migrantes mayores durante su estancia en esta ciudad.
Omar Reyes Peralta, consejero del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad (Ficosec) en Zona Norte de Chihuahua, una organización que administra fondos empresariales destinados a programas sociales, dijo que los fondos son aportados por todas las empresas formales de Chihuahua a través de una sobretasa al Impuesto Sobre Nómina.
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“El empresariado a través de Ficosec decidió apoyar a estas organizaciones para de alguna manera facilitar las condiciones de trabajo, que se refleje en mayor seguridad para las personas en movilidad”, indicó Reyes Peralta.
Dijo que se realizó un proceso de selección de varios proyectos entre los que se escogió inicialmente a los tres que más incidían sobre el tema de seguridad y salud de las personas en movilidad.
Apoyo a las víctimas
Navarrete lamentó que estos delitos contra migrantes se dan en todo México y señaló que a veces son perpetrados por las propias autoridades.
Su organización, explicó, acompaña a las personas en movilidad a lo largo de la denuncia con asesoría legal.
“Todo esto obviamente tiene un impacto psicoemocional en las personas, hay muchas situaciones médicas que nosotros en la organización atendemos y que son resultado del estrés postraumático, la ansiedad”, agregó la directora de DHIA.
Indicó que los migrantes asumen que si el delito no se comete en Ciudad Juárez no pueden denunciarlo y creen que al acercarse a denunciar en la fiscalía estatal corren el riesgo de ser llevados al Instituto Nacional de Migración.
“Por el contrario, una persona víctima del delito en México que interpone una denuncia tiene derecho a una regularización migratoria a través de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que les da acceso a una CURP (Clave Única de Registro de Población), y con ello pueden trabajar, tener un número de seguro social”, dijo la activista.
Alejandra Corona, del Servicio Jesuita de Refugiados, indicó que ellos se enfocan en apoyar a las víctimas de estos delitos, que son revictimizados con la creencia de que no pueden denunciar.
“En nuestro país migrar es sinónimo de ser sobreviviente de algún delito. Lamentablemente el migrar ya por sí sugiere un duelo y un cambio de vida que requiere atención especializada”, indicó.
Yolanda García Ceja, coordinadora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, informó que en el caso de su organización realizarán asesorías educativas, y talleres deportivos y artísticos, culturales para niños, niñas, y adolescentes de primaria, secundaria y preparatoria, en tanto que a los adultos les darán capacitaciones y oficios de barbería estética y gastronomía para que desarrollen habilidades laborales y así favorecer a una vida más digna.
