Caracas, 16 sep (EFE).- El chavismo y un grupo de exdiputados opositores de Venezuela instalarán este jueves el segundo ciclo de un diálogo respaldado por Estados Unidos, con exigencias de organizaciones y facciones políticas, como una fecha de elecciones, la liberación de los presos políticos, así como el levantamiento de sanciones, esta última petición a solicitud del Gobierno.
El proceso, que se suma a un largo historial de negociaciones entre ambos sectores, lo lideran Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el chavismo, y la opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría de las curules.
A continuación, algunas claves del proceso de conversaciones.
Los primeros acuerdos
El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.
Asimismo, las partes pactaron la recuperación de activos de la reserva internacional de Venezuela depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Las peticiones
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó en julio que el Gobierno pediría el levantamiento de sanciones en el diálogo, que entonces estaba por empezar su primer ciclo.
Por su parte, organizaciones políticas opositoras han propuesto que se incluya en la agenda la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo.
Los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia manifestaron en julio que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones, pese a que no participan en el diálogo.
Entretanto, ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigen que se incluya en la agenda la liberación de los presos políticos, que son 328 según la organización Foro Penal.
Reacciones internacionales
En agosto, Estados Unidos aplaudió el inicio de estas conversaciones, que definió como una «oportunidad única» para la reconciliación y la transición en el país suramericano. Ese mismo mes, la Unión Europea respaldó «todos los esfuerzos» hacia un proceso de democratización a través del diálogo.
El martes, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que el Reino Unido acoge con «satisfacción» las conversaciones políticas lideradas por Rodríguez y Figuera, así como los avances logrados hasta ahora mediante ese proceso de diálogo.
El conflicto entre Parlamentos previo al diálogo
El conflicto entre el Parlamento opositor y el chavismo se remonta a 2015, cuando la oposición venezolana logró una histórica victoria en las elecciones legislativas al obtener la mayoría en Asamblea Nacional (AN).
El Tribunal Supremo de Justicia suspendió en ese entonces la proclamación de tres diputados del estado Amazonas -lo que impidió que la oposición alcanzara la mayoría calificada de la Cámara- y declaró a la AN en desacato, limitando así sus funciones.
En 2017, en medio de una oleada de protestas masivas antigubernamentales apoyadas por diputados antichavistas, el Gobierno impulsó una Asamblea Nacional Constituyente, rechazada por la oposición, que asumió funciones legislativas y quedó integrada por representantes afines al oficialismo.
En enero de 2019, la crisis política se profundizó cuando el entonces presidente de la AN opositora, Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino al considerar ilegítimo el segundo período de Gobierno de Maduro, una decisión respaldada por Estados Unidos y varios países, aunque el chavismo conservó el control de las instituciones y las Fuerzas Armadas.
En 2020 se realizaron nuevas elecciones legislativas y el chavismo obtuvo la mayoría absoluta de los escaños, en un contexto marcado por el abstencionismo de la oposición y su denuncia de una falta de garantías electorales.
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Con la instalación del nuevo Parlamento en 2021, el oficialismo retomó el control formal de la AN, cerrando un período de cinco años de mayoría opositora.
Sin embargo, Figuera afirma ser la cabeza de lo que considera como el «último» poder «legítimamente» elegido en Venezuela, en referencia al Parlamento de 2015.
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