(Mérida, 23/11/2021).- Durante las elecciones regionales de este 21 de noviembre, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) documentó 14 tipos de irregularidades ocurridas en la región andina. En algunas de ellas participaron miembros de partidos políticos, efectivos policiales y militares e incluso autoridades regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las irregularidades documentadas por el ODH-ULA en Mérida, Táchira y Trujillo fueron de alguno de estos tipos: sobre el funcionamiento del sistema electoral en los centros de votación, se registró la ausencia de electores en listados o en el sistema del CNE; errores en el reconocimiento de huellas dactilares; cambios de centros de votación no solicitados y fallas en el servicio eléctrico.
En cuanto a delitos cometidos por grupos políticos, hubo denuncias de votos asistidos sin justificación; presencia de puntos de control cerca de centros de votación; realización de campaña en favor de candidatos; movilización masiva de votantes en autobuses propiedad del Estado; escaneos del carnet de la patria; y entrega de alimentos y gasolina a votantes luego de sufragar.
Del mismo modo se registraron negaciones de acceso a centros de votación a testigos acreditados por el CNE; agresiones físicas, intimidaciones y amenazas a candidatos o representantes políticos; detenciones arbitrarias; y limitaciones al trabajo de la prensa.
Irregularidades del sistema electoral
La irregularidad más común registrada por el equipo de monitoreo del ODH-ULA en cuanto a fallas del sistema electoral fue la ausencia de votantes en listas, cuadernos de votación o en el registro, así como cambios de electores a otros centros de votación no solicitados. Esto ocurrió en al menos cuatro municipios en los tres estados andinos. En la Unidad Educativa Estadal Cecilio Acosta del municipio Libertador en Mérida, algunos votantes tuvieron que poner la huella dactilar de alguno de sus dedos de los pies en la máquina identificadora, porque la misma no les reconocía las huellas de los dedos de sus manos.
Por otra parte, las fallas del servicio eléctrico también afectaron el proceso electoral. En tres centros de votación ubicados en el municipio Libertador de Mérida la falta de energía eléctrica, causada por la explosión de un transformador, ralentizó el sufragio por una hora y media. En el municipio Motatán del estado Trujillo también se fue la luz por varias horas en un centro electoral.
Proselitismo y compra de votos
En los tres estados andinos el ODH-ULA registró denuncias de votos asistidos sin que existiese alguna de las justificaciones contempladas en el reglamento electoral. Un votante denunció que la coordinadora del CNE del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Eloy Chalbaud del municipio Libertador de Mérida, amenazó con cárcel a la coordinadora del centro, Ainné Trujillo, por oponerse al voto asistido injustificado. “Quédese callada y no le irá mal”, le advirtieron a Trujillo afectos al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
La presencia de puntos de control del voto, que ha existido en elecciones anteriores, también estuvo en estos comicios. Solo en el estado Mérida el ODH-ULA registró al menos 13 puntos de control del Psuv, los llamados “puntos rojos”, que en esta ocasión no estaban identificados con ese color sino con toldos blancos o simplemente una mesa y sillas donde estaban miembros de esa tolda política con listas de electores y máquinas para escanear el código QR del carnet de la patria de quienes salían de votar. Así mismo, en Trujillo el medio regional Diario de Los Andes publicó una nota indicando la instalación de un punto de control por parte de la oposición, específicamente en el municipio Sucre. “Lo que es igual no es trampa”, dijo un dirigente opositor ubicado en este punto.
Las campañas para indicar a la gente por quién debían votar también se mantuvieron el día de la elección, lo que constituye un delito electoral. En el municipio Campo Elías de Mérida funcionarios militares permitieron a miembros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) hacer campaña a favor de los candidatos del Psuv cerca de un centro de votación. “Los funcionarios alegan que los de la UBCH llevan la logística del proceso electoral. Dentro de estos miembros se encuentra una concejala”, denunciaron testigos.
Por su parte en el municipio Libertador de Mérida, personas entregaban propaganda cerca del centro de votación ubicado en la U.E. Juan de Arcos, en la que se invitaba a votar por el partido Copei, con la foto del candidato a la Alcaldía, Alcides Monsalve. Cerca del mismo centro un punto de control del Psuv repartió propaganda similar, pero invitando a votar por Jehyson Guzmán, candidato a la Gobernación por el oficialismo.
En cuanto a incentivos ilegales para lograr la votación de personas en favor de candidatos o partidos específicos, el ODH-ULA registró en las tres entidades andinas presencia de autobuses propiedad del Estado venezolano que trasladaban electores a los centros de votación, así como la entrega de bolsas de alimentos que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), gasolina y promesas de asignación de bonos a través del sistema patria.
Agresiones, detenciones y limitaciones a la prensa
Testigos de mesas electorales y candidatos denunciaron agresiones y violaciones a sus derechos políticos por parte de efectivos del Plan República y militantes del Psuv, así como de miembros de colectivos afectos al chavismo. En Mérida Luis Millán, candidato de la MUD al Concejo del municipio Libertador, fue golpeado a las afueras de un centro de votación cuando intentó ingresar al mismo para constatar una denuncia de electores. Testigos también denunciaron no poder ingresar a centros de votación por negación de los coordinadores de los mismos o incluso por la presencia de grupos guerrilleros, como ocurrió en Táchira.
Por su parte José Gregorio Ruiz, coordinador regional en Mérida del CNE, amenazó a la presidenta, miembros y testigos de un centro de votación porque intentaron cerrar una de las mesas a las 6:00 p.m., cuando ya no había presencia de electores, como indica el reglamento. Ruiz argumentó que él era quien debía autorizar el cierre de centros de votación en la entidad, función que legalmente no le compete. Además, los amenazó con llevarlos detenidos ante la Fiscalía. Finalmente indicó en el acta de cierre que hubo alteración del orden público por parte de estas personas al haber “pasado por encima” de la máxima autoridad regional del CNE.
En cuanto a detenciones arbitrarias, en Mérida dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) fueron detenidos temporalmente por funcionarios de la Policía Municipal de Libertador, mientras recorrían junto a otros compañeros la avenida Don Tulio de la ciudad capital llamando a votar a través de un megáfono, sin mencionar candidatos ni partidos. Los efectivos los trasladaron a la sede de la policía y los liberaron posteriormente, pero el vehículo en el que se desplazaban los estudiantes permaneció retenido.
Finalmente, el ODH-ULA también documentó irregularidades cometidas contra trabajadores de la prensa. En al menos seis centros de votación se impidió el acceso a periodistas en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, pese a que los afectados, siete en total, tenían credencial del CNE. Así mismo, en la ciudad de Mérida el corresponsal regional de Globovisión, Elvis Rivas, denunció que un efectivo del Plan República limitó su trabajo dentro del centro ubicado en el Liceo Libertador, llegando incluso a tapar el lente de la cámara del periodista mientras este hacía tomas del proceso.
En Venezuela la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), sancionada en 2009, es el instrumento que “regula y desarrolla los principios constitucionales y los derechos de participación política de los ciudadanos y ciudadanas, en los procesos electorales; así como todas aquellas competencias referidas a los procesos electorales atribuidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, al Poder Electoral”.
Además de la LOPRE, la Constitución nacional, la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) y Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones contemplan derechos y delitos en contextos electorales. Así mismo, la Ley contra la Corrupción establece en su artículo 68 que “el funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”.
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