(Mérida, 03/08/2024).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha identificado 12 patrones de represión contra las personas que han sido detenidas en los estados Mérida, Táchira y Trujillo y contra quienes sufren persecución política en la región andina tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según registros del ODH-ULA, la Red de Derechos Humanos de Trujillo y el Foro Penal, desde el lunes 29 de julio y hasta la 1:00 pm de este sábado 3 de agosto un total de 147 personas han sido detenidas en los estados Mérida (35), Táchira (44) y Trujillo (68). De esa cantidad, este observatorio ha podido identificar los datos de 108 personas, entre quienes hay 9 adolescentes y 15 mujeres (adultas y menores de edad): una de ellas está embarazada y otra es madre lactante. Algunas de las víctimas ya han sido liberadas, pero sus detenciones fueron arbitrarias y sus derechos humanos vulnerados.
El ODH-ULA ha identificado nueve (9) patrones de represión contra las personas detenidas: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; tratos crueles y degradantes; violación del principio de presunción de inocencia; imputación de delitos graves sin pruebas; negación del derecho a la defensa privada; violación del principio de individualización de la pena; tratamiento no diferenciado entre personas adultas y menores de edad durante su detención y proceso judicial; y tratamiento no diferenciado de las mujeres privadas de libertad.
Además, este observatorio ha identificado otros tres (3) patrones de persecución política que han generado y podrían generar más detenciones y/o represalias: incitación al odio mediante la exposición pública de fotografías y nombres de personas, a quienes etiquetan con mensajes como «Se busca. Recompensa. Líderes guarimberos», utilizando en algunos casos símbolos de organismos policiales; violación a la libertad de expresión, libre asociación y libre tránsito; y hostigamiento y agresiones contra trabajadores de la prensa.
Desapariciones forzadas, tratos crueles y degradantes
La Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) define la desaparición forzada como «toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley».
Aunque la falta de información oficial por parte de las autoridades venezolanas dificulta conocer detalles de los casos de detenciones cometidas tras las elecciones, el ODH-ULA ha podido constatar mediante testimonios de familiares de las víctimas que la mayoría de ellas estuvieron desaparecidas por horas e incluso días, y algunas siguen sin aparecer. Uno de estos casos es el de Roberto Antonio Andrade Andrade, cuyos familiares desconocen aún su paradero tras ser detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el martes 30 de julio en el municipio Libertador del estado Mérida.
Además de detenerlas arbitrariamente, las personas capturadas por funcionarios policiales y militares son sometidas a tratos crueles y degradantes, a través de agresiones físicas y verbales, amenazas, coacciones e impedimento de acceso oportuno a comida e hidratación. El ODH-ULA pudo confirmar que algunos detenidos que ya fueron liberados recibieron amenazas para que no denunciaran las agresiones que sufrieron durante sus detenciones.
Patrones de violaciones del debido proceso judicial
Abogados del ODH-ULA han podido constatar que en todos los casos de detenciones cometidas en Mérida se ha violado el debido proceso judicial en estos aspectos: imputación de delitos graves sin presentación de pruebas, lo que viola el principio constitucional de presunción de inocencia, contemplado además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales; ausencia de individuación de cargos (todos los detenidos son imputados por los mismos delitos y presentados en audiencias grupales); imposición desde Caracas de defensores y Fiscales Nacionales antiterrorismo del Ministerio Público, pese a que los hecho sucedieron en Mérida; y designación de un juez para todos los casos, quien no se presenta personalmente en las audiencias, las cuales son realizadas vía telemática y posterior a los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Las imputaciones también responden a un patrón. Sin presentación de pruebas, a todos los detenidos se les imputan los mismos delitos: terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad, cuyas penas son de hasta 30 años de prisión. A algunos mayores de edad también les imputan el delito de uso de adolescentes para delinquir, previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).
Además de esto, en el estado Mérida los abogados del ODH-ULA han podido confirmar que en las audiencias están presentes los funcionarios de la GNB que hicieron las detenciones, hecho que genera temor entre los detenidos, causando que muchos de ellos se nieguen a declarar lo que estos funcionarios les han hecho. El ODH-ULA también ha podido constatar acciones de intimidación a jueces, fiscales y defensores en Mérida, ordenadas desde el Ministerio Público en Caracas.
Otro patrón identificado es la negación de visitas a los detenidos por parte de sus familiares, quienes pasan horas y días sin conocer el lugar de reclusión de sus seres queridos. El ODH-ULA pudo conocer que algunos detenidos se han podido comunicar con sus familiares mediante cartas escritas a mano, pero no han podido recibir nada por parte de estos, ni comida ni la medicación que algunos necesitan. Hasta la fecha de publicación de esta nota de prensa, los cuerpos policiales y militares actuantes no han publicado los nombres de las personas privadas de libertad, limitando a familiares y abogados la posibilidad de comunicarse con los detenidos.
Menores de edad y mujeres no reciben trato diferenciado
El ODH-ULA confirmó que en Mérida han sido detenidos nueve adolescentes, a quienes se les ha vulnerado su derecho a ser juzgados por un juez natural especializado en menores de edad, como lo establece la LOPNNA, y permanecen detenidos junto con mayores de edad. Además, autoridades han grabado y difundido videos de estos adolescentes, violando su derecho a la preservación de identidad consagrado en la LOPNNA. Todas estas trasgresiones violan el interés superior del niño, niña y adolescente, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing).
En el caso de las mujeres, tanto mayores como menores de edad, tampoco han tenido un trato diferenciado que garantice sus derechos humanos. Una de las detenidas en la región andina está embarazada y otra está en período de lactancia. La embarazada recibió agresiones físicas y verbales por parte de sus captores, mientras que a la madre lactante le negaron su derecho a amamantar a su bebé, quien es víctima también de esta trasgresión al no recibir alimentación por parte de su madre.
Las detenciones de mujeres cometidas en la región andina tras las elecciones presidenciales omiten el enfoque de género de los estándares de derechos humanos sobre personas privadas de libertad, contemplados por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Finalmente, el ODH-ULA también ha registrado casos de hostigamiento y agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa en la región andina. Algunos casos son la detención del camarógrafo de VPI TV en el estado Trujillo, Paúl León, quien también es estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes. Asimismo, la agresión física y el robo de su teléfono celular cometidos contra la periodista Yuliana Palmar, reportera del Diario de Los Andes en Trujillo. Otros periodistas también han sido objeto de amenazas, intimidaciones y limitaciones a su trabajo.
El ODH-ULA rechaza y denuncia la escalada represiva ordenada y ejecutada por funcionarios del Estado venezolano tras el anuncio de resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que han sido cuestionados dentro y fuera del país. Este observatorio recuerda que la persecución política es un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma, al tiempo que exhorta a las autoridades venezolanas a cesar sus acciones de represión y a respetar los derechos humanos, civiles y políticos de toda la ciudadanía.
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