(Mérida, 28/09/2024).- Este 28 de septiembre se cumplen dos meses de la elección presidencial en Venezuela. Antes, durante y después del 28 de julio de 2024, el régimen de Nicolás Maduro persiguió centenares de personas por motivos políticos, cometiendo decenas de violaciones de derechos humanos contra ellas. La persecución política en el país continúa en un contexto de terrorismo de Estado, definido así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Organizaciones y defensores de derechos humanos han denunciado desde hace décadas las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero el aumento de la represión estatal obliga ahora a hacerlo desde el anonimato. Esta nota de prensa resume la investigación sobre las violaciones al derecho de participación política en Venezuela cometidas entre enero y septiembre de 2024 en la región andina del país, que comprende los estados Mérida, Táchira y Trujillo.
La investigación completa está compilada en el informe titulado Violacione
Persecución política, agresiones e irregularidades previas a las elecciones presidenciales
Las elecciones presidenciales de este año en Venezuela debían ser democráticas, con garantías de libertad e independencia del poder electoral, pero no fueron así, pese a existir un compromiso previo adquirido por el régimen de Nicolás Maduro. El 17 de octubre de 2023, representantes del régimen y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —que agrupa a partidos políticos de oposición— firmaron un «Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos», conocido como el Acuerdo de Barbados, en cuyo contenido se establecieron 12 garantías para la realización de las elecciones.
«Entre el 23 de enero y el 25 de julio de 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 92 casos de persecución y hostigamiento por motivos políticos en los estados andinos Mérida, Táchira y Trujillo, que constituyen violaciones de distintos derechos humanos. Para ese periodo, el estado con mayor cantidad de casos registrados fue Táchira (64), seguido por Mérida (15) y Trujillo (13)», precisa el informe.
Los casos registrados contemplan la comisión de al menos seis (6) tipos de violaciones de derechos humanos, además de la persecución política, que es considerada como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Estas violaciones fueron: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, inhabilitaciones políticas por vía administrativa, actos de hostigamiento, sanciones administrativas a empresas y el allanamiento arbitrario de propiedades privadas a nivel nacional.
Desde el 26 de julio, cuando se inició el proceso de instalación de mesas electorales, y hasta el fin de la jornada electoral del 28-J, el ODH-ULA registró 65 irregularidades en la región andina asociadas específicamente con el proceso de votación. Algunas de ellas constituyeron impedimentos y/o agresiones contra electores, miembros de mesa y testigos de partidos políticos, cometidos por efectivos militares y policiales, miembros de centros de votación y simpatizantes del oficialismo, algunos de ellos armados.
«Estas irregularidades se refieren a impedimentos a miembros y testigos de mesa para acceder a centros de votación; retrasos en la apertura de centros de votación; amedrentamientos, agresiones físicas y verbales y coacciones a electores para que votaran por el candidato a la reelección; mal funcionamiento de máquinas electorales; presencia de puntos de partidos del gobierno a menos de 100 metros de centros de votación y limitaciones al trabajo de la prensa», reseña el informe.
La violación de derechos humanos más grave cometida durante la noche del 28-J en la región andina fue el asesinato de Julio Valerio García, de 40 años de edad, mientras esperaba junto con otras personas el conteo de los votos emitidos en el centro de votación Escuela Jhon F. Kennedy, ubicado en el municipio Guásimos del estado Táchira. La bala que lo mató salió de disparos accionados por personas encapuchadas armadas que llegaron al lugar. Otro hombre, de 67 años, resultó herido en el mismo hecho.
Aumento de la represión tras la elección: violaciones de derechos diferenciados de adolescentes, mujeres y personas discapacitadas
La ONG Foro Penal ha registrado en todo el país un total de 1.723 detenciones cometidas desde el 29 de julio y hasta el 23 de septiembre de 2024. Todas han sido ejecutadas en el marco de la política de persecución que ejerce el régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia desde hace años, pero que se ha recrudecido tras la elección presidencial. Entre las personas detenidas hay 68 adolescentes, cuyos derechos diferenciados no han sido respetados.
En la región andina, el ODH-ULA documentó 131 detenciones arbitrarias cometidas entre el 29 de julio y el 15 de septiembre de 2024. El estado con mayor número de casos fue Trujillo (71), seguido por Mérida (40) y Táchira (20). Entre los detenidos se cuentan 29 adolescentes: 13 en el estado Táchira, 11 en Mérida y 5 en Trujillo. «Se pudo conocer que 27 de las personas adolescentes han sido liberadas parcialmente, bajo medidas cautelares de presentación, incluida una adolescente embarazada del estado Mérida», señala el informe.
La Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer), en conjunto con el ODH-ULA, registró las detenciones de 19 mujeres en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ocurridas entre el 29 de julio y el 19 de agosto de 2024. A través de testimonios de familiares, estas organizaciones conocieron que el Estado no garantiza la protección diferenciada por razones de género a las detenidas, ignorando el enfoque de género que establecen las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otros instrumentos internacionales y leyes y normativas nacionales.
Las personas discapacitadas que han sido víctimas de detención arbitraria tampoco cuentan con atención diferencia en sus sitios de reclusión, ni con el trato dado por las autoridades durante sus detenciones. «En el estado Mérida se conoce el caso de dos personas con discapacidad, jóvenes adultos; uno de ellos con síndrome de Asperger y otro con déficit de atención y deterioro cognitivo moderado, que estuvieron privados de libertad en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA)», dice el informe.
44 universitarios detenidos por motivos políticas después del 28-J
De acuerdo con registros del ODH-ULA, después del 28 de julio y hasta el 10 de septiembre de 2024, en todo el país han sido detenidos arbitrariamente 44 universitarios, entre estudiantes, profesores y trabajadores. Además, 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Caracas, fueron expulsados de la institución por supuestamente haber participado en protestas ocurridas dentro de la institución durante el día de la elección.
«25 universitarios corresponden a la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES), 8 a la Universidad Central de Venezuela (UCV), 6 a la Universidad de Los Andes (ULA), 3 a la Universidad de Carabobo (UC), 1 a la Universidad de Oriente (UDO) y 1 a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)», especifica el informe.
La participación política es un derecho civil y político consagrado en el sistema internacional de derechos humanos y suscrito por Venezuela, en cuya Constitución nacional se establece en su artículo 62: «Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica».
Hoy, a dos meses de la mayor muestra de participación política y cívica de venezolanos de los últimos seis años, en donde más de 10 millones de personas votaron para elegir al próximo Presidente de la República, el poder electoral sigue sin publicar resultados creíbles. Por su parte, el sistema de justicia y los organismos de la fuerza pública continúan reprimiendo y aterrorizando a la ciudadanía, al tiempo que amenazan y limitan el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. / Prensa ODH-ULA