Por María Eloina Conde
Analizar la elección del 28 de julio no pasa solo por evaluar a los candidatos y sus planes de gobierno sino en poner la lupa en un aspecto fundamental: los costos políticos de todos los involucrados. En esta situación de clara polarización, debemos comenzar por preguntarnos: ¿qué significa para nuestros actuales gobernantes perder el poder?
Habría que explicar que, al menos en apariencia, el gobierno nacional y sus funcionarios públicos, no parecen resentir el costo político de su larguísima estancia en sus posiciones. Para el grupo que ostenta el poder 25 años no han sido suficientes y no han alcanzado logros tangibles en áreas fundamentales como educación, salud, seguridad y mucho menos en el área económica. Mención aparte merece el tema de los servicios públicos que nos ha llevado a situaciones críticas como el mega apagón de marzo de 2019 o a la deficiencia generalizada en el suministro de agua potable y recolección de desechos en buena parte del país.
Además, está la gravedad en la defensa y garantía de los derechos humanos. Más allá de la propaganda, es público y notorio que el Estado venezolano enfrenta procesos en instancias como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos dictámenes se ha negado repetidamente a cumplir y a eso podemos sumarle que sus principales protagonistas cuentan con ofrecimiento de recompensas jugosas por parte de los de Estados Unidos y sanciones muy específicas para un número significativo de funcionarios por parte de la Unión Europea.
Y dadas las últimas acciones en las que se pueden incluir detenciones arbitrarias, persecución e inhabilitación de más alcaldes electos popularmente y en ejercicio de sus funciones en un claro abuso de poder, parece que están dispuestos a subir la apuesta porque en una fotografía así, los costos de salida son infinitos.
Por otro lado, tenemos a una oposición que lucha por mantenerse unida, que batalla con tomar decisiones que los representen a todos en un grupo tan diverso, distinto y antagónico. Se trata de una coalición que también tiene hambre de poder y que hace en cada región del país sus cuentas propias y que tiene como objetivo principal la recuperación de la democracia y la institucionalidad del Estado venezolano. A su favor tiene que entiende o parece entender que contar con el apoyo abrumador de la población es fundamental pero no necesariamente determinante si no hay una cristalización de la estrategia para el día de las elecciones, que incluya no solo la movilización sino el resguardo y la defensa del voto.
Es una oposición que tiene un liderazgo dual, que genera confianza y dudas por igual, y que las encuestadoras comienzan a medir ya que no existe mecanismo alguno en la constitución nacional para el traspaso del poder y atribuciones del presidente y ante la falta absoluta de éste en los primeros cuatro años de gobierno deben llamarse a unas nuevas elecciones en las que las inhabilitaciones actuales seguirían vigentes. Y con esto solo hablo de hechos, no sobre legalidad de esas inhabilitaciones. Es una oposición que cuenta con el respaldo popular pero que puede dar garantías limitadas en una transición porque muchos de los elementos clave que ya mencionamos no dependen de ella y que tiene unos costos políticos que podrían ser catastróficos en un escenario de inhabilitación de la tarjeta de la unidad —que también es posible— y peor aún en una derrota. Una oposición que ha decidido mantenerse en la ruta electoral porque sabe que el voto es su arma más fuerte.
Incluso conviene analizar los costos para la región latinoamericana de acuerdo con el resultado de la elección, especialmente de países vecinos como Colombia y Brasil que se han mostrado inusualmente críticos de ciertos comportamientos del gobierno nacional ya que una cosa para ellos es el apoyo monetario e “ideológico” y otra bastante distinta es el manejo de una crisis migratoria que puede ser mucho peor si se concreta una nueva victoria para el gobierno venezolano.
Y diametralmente opuesto a todos los costos políticos, están los costos ciudadanos que parecen ser mucho más altos, porque la burbuja política no es tan grande y la realidad del costo de la vida es imposible de ocultar, la migración sigue creciendo y los datos sobre la cantidad de venezolanos esperando el desenlace de la campaña y su resultado para tomar la decisión de irse o quedarse en el país son abrumadores. Si a lo anterior sumamos cifras como el alarmante incremento del número de suicidios existe una necesidad de poner todos los huevos en una misma canasta y salir de una vez por todas de la crisis social y económica porque la política escapa a la gran mayoría de los venezolanos. En medio de todo, la lucha del ciudadano de a pie es no sólo cubrir lo más básico sino también conseguir paciencia y serenidad en la incertidumbre y tranquilidad frente a todos los elementos y escenarios que escapan de su control.
Por todos estos costos, incertidumbre es la palabra que describe a la perfección el escenario. No existe hoy a falta de cinco semanas para la elección presidencial claridad sobre temas neurálgicos del día de los comicios y más importante aún los días que le van a seguir. Es más, aún hoy existe una duda razonable en la sociedad de si efectivamente se llevara a cabo la elección. Nadie tiene el rompecabezas completo, sólo algunas piezas.
Pero incluso en esta incertidumbre debemos mantener la esperanza de un cambio porque como decía Desmond Tutu “la esperanza es la capacidad de ver la luz a pesar de toda la oscuridad ”. Y todos sabemos que nunca es más oscuro como cuando está a punto de amanecer.
María Eloina Conde
Junio, 23, 2024
@MariaEloinaPorTrujillo