Caracas, 30 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este miércoles nula la reforma del estatuto por el que el Parlamento, liderado por el opositor Juan Guaidó, extendió por un año sus funciones, y ordenó a la Fiscalía investigar las conductas de «tipo delictivo» presuntamente cometidas por los diputados.
En una nota de prensa, el máximo tribunal informó sobre la publicación de una sentencia que declara «írrita» la reforma que -asegura- fue emanada de un grupo de diputados que «usurpan» la junta directiva del Parlamento y que, además, simularon una sesión parlamentaria.
El magistrado «Juan José Mendoza Jover, declara írrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación realizada por los diputados que usurpan las funciones de la Junta Directiva del Órgano Legislativo Nacional, con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura» de diputados, dice el texto.
La decisión del tribunal llega tres horas después de que un grupo de diputados, que abandonaron las filas de la mayoría opositora encabezada por Juan Guaidó, interpusieran un recurso contra la extensión por un año del actual Parlamento.
La sentencia también señala que la decisión del actual Parlamento busca «atentar o menoscabar la instalación de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el nuevo período constitucional 2021-2026, a iniciarse el próximo 05 de enero de 2021».
Añade la sentencia que el desconocimiento «de carácter interno o externo, de un proceso electoral convalidado expresamente y avalado por el poder electoral, es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico», por lo que ordenó a la Fiscalía investigar «penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley».
También ordenó a la Contraloría General de la República «evaluar, determinar y cuantificar los daños materiales, patrimoniales causados al patrimonio público, incluso los que pudieran derivarse del lucro cesante, causados por las actuaciones llevadas a cabo» por el Parlamento que se encuentra en ejercicio.
En ese sentido, pide a la Contraloría remitir «sus resultas a los órganos correspondientes, para la determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan».
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El Parlamento venezolano aprobó el sábado pasado extender por un año sus funciones en una sesión parlamentaria virtual en la que acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019 con el objetivo de forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder y convocar a elecciones presidenciales, ambas tareas pendientes.
«La continuidad constitucional será ejercida (…) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021», dice el texto promulgado por la Cámara.
Esta continuidad, que no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora que fue escogida en 2015 y por Guaidó, que se proclamó mandatario interino en enero de 2019 ante la usurpación que considera hace Maduro de la Presidencia.
