Tras el sismo del 24 de junio, conversamos sobre la necesidad de escuchar el cuerpo y construir un amparo mutuo para habitar la intemperie. Sin embargo, al intentar dar los primeros pasos hacia la reconstrucción material y emocional, tropezamos de frente con el nudo más complejo de nuestra historia cultural: la forma en que operan nuestros complejos con el dinero.
Esta semana, en una conversación con una querida psicóloga clínica que se ha volcado al acompañamiento emocional de las víctimas, emergió una inquietud que nos confronta a todos. Ella relataba el desgaste invisible de moverse entre el dolor de quienes lo perdieron todo y la fría realidad de los trámites legales y administrativos necesarios para cerrar asuntos patrimoniales pendientes tras la tragedia. En ese tránsito para concretar sus propios documentos, se topó con una pared silenciosa: presiones de tiempo implícitas y sutiles retrasos en la entrega de papeles básicos, mecanismos orientados a forzar el pago de «comisiones» o favores para agilizar los procesos. No estamos hablando aquí de una extorsión violenta o directa, sino de algo mucho más sutil y arraigado en la burocracia: la manipulación de la urgencia del otro.
Pero esta fenomenología de la extorsión pasiva tiene un correlato aún más crudo a pie de calle, allí donde el golpe se siente directo. Reportes del periodismo de investigación e independientes desnudaban recientemente una dolorosa realidad en las zonas afectadas bajo el reflejo de lo que bien podría llamarse «el negocio del dolor».
Las denuncias en el terreno revelaron cómo, tras los sismos, la remoción de escombros para rescatar las estructuras destapó una red de cobros excesivos en dólares para activar maquinarias pesadas. Cuando el operador de una máquina le pone una tarifa impagable a la urgencia de remover un bloque de concreto que aplasta un patrimonio o una vida, la «viveza» deja de ser un juego inofensivo y cruza una línea psicológica y humana devastadora.
La literatura de Rafael López Pedraza y la obra de Axel Capriles (La picardía del venezolano) ofrecen un mapa perfecto para aproximarnos a entender este fenómeno a través de Hermes y el arquetipo del pícaro (encarnado en nuestra mitología popular por Tío Conejo). El pícaro es habitante natural del caos, el que se mueve con soltura en la frontera donde las reglas no están claras o donde la desconfiguración institucional deja un vacío de poder y respuesta. Cuando las certezas colectivas se agrietan y las instituciones se desdibujan en su capacidad de protección, este personaje se activa de inmediato en el inconsciente para colonizar la intemperie ciudadana.
En su “faceta luminosa”, allí donde reside la esencia de Hermes descrita por López Pedraza, se despliega la astucia, la flexibilidad y el ingenio creativo que nos permite encontrar salidas y sobrevivir a la crisis. Pero al moverse en la sombra, ese mismo impulso transita por una cornisa peligrosa, una zona límite que puede llegar a rozar lo patológico: es el oportunista crudo y duro que ve en la tragedia una ventaja comercial, una insensibilidad absoluta que transforma la catástrofe en un botín y vulnera la dignidad humana.
Sin embargo, en el contexto venezolano, el análisis parece exigirnos ir más allá de la simple «picardía». Lo que estamos observando en esta post-tragedia bien podría trascender la frontera del folklore para sugerir algo mucho más complejo y desgarrador. El burócrata que engaveta el documento o el dueño de la maquinaria que tarifa el rescate, por ejemplo, no tendrían que ser vistos como monstruos aislados en una película de buenos contra malos; más bien, pueden estar operando como el reflejo vivo de nuestros complejos históricos con el dinero y el poder, profundamente conectado con la dinámica de la renta petrolera.
El rentismo pareciera haber propiciado una profunda desadaptación en nuestra respuesta colectiva: con frecuencia se tiende a desvincular el dinero de los procesos de intercambio, esfuerzo, valor y creatividad, para asumir la riqueza como un «maná» que brota del subsuelo, dispuesto para ser extraído o arrebatado.
Bajo este sesgo cultural, se difumina el rol del Estado como el garante institucional de las normas, desplazando el ideal del “bienestar social” hacia una dinámica de reparto. En este escenario, la denominada “asignación de la riqueza” pierde sus equilibrios naturales —en tanto políticas públicas— y termina operando bajo una lógica profundamente distorsionada: aquella ley no escrita donde el más astuto, o quien ejerce mayor poder de presión, es quien termina arrebatando la porción más grande. Así, prácticas como la comisión o el peaje administrativo corren el riesgo de ser procesadas culturalmente no bajo la categoría del delito, sino como vías informales para reclamar «lo que nos toca» de “esa piñata compartida”.
El quiebre más crítico ocurre cuando ese guión extractivista cambia de escala. Al agotarse el chorro del subsuelo o al sobrevenir una catástrofe, el “pícaro” desplaza su mirada: el «nuevo pozo petrolero» pasa a ser el dolor ajeno. Ya no se está burlando la norma para sacar una ventaja astuta; se está aplicando el mismo patrón retorcido (y disculpen lo visceral) de extraer renta de la vulnerabilidad extrema del otro, sin aportar un ápice de valor humano.
Cuando la extorsión burocrática tarifa la urgencia, destruye el amparo de la sociedad. Frente a este extravío, la respuesta exige madurez económica y organización ciudadana: al colectivizar procesos para hacerlos transparentes y auditar recursos frente a la intemperie, la manipulación pierde su fuerza. Si el dinero-vínculo, la transacción y la cooperación transparente son una vía para refundar una economía productiva y digna, ¿estamos dispuestos a ser conscientes y a asumir el costo de renunciar a la «vía rápida» de la «picardía» para empezar a reconstruirnos desde el amparo mutuo?
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